PROCÉS

Llarena a un paso de suspender a los diputados presos y fugados tras confirmarse su procesamiento

El Tribunal Supremo confirma el procesamiento de Puigdemont y de los otros 24 procesados por "alzamiento" y "uso torticero" del poder
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Junqueras y Puigdemont

Carles Puigdemont y Oriol Junqueras. Fuente: Europa Press


Los independentistas encarcelados y fugados que aún conservan su acta de diputados están más cerca de abandonar el Parlament de Catalunya. Según fuentes del Tribunal Supremo, el juez del Alto Tribunal que instruye la causa del Procés, Pablo Llarena, redactará un acto en los próximos días acordando la suspensión como diputados de Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Toni Comín y Jordi Sànchez.


El magistrado emprenderá este camino después de que la Sala de lo Penal del TS haya confirmado este miércoles el procesamiento por su participación en el proceso soberanista del expresidente de la Generalitat y 24 investigados más en este caso, quienes ven también ratificadas las medidas cautelares que pesan sobre ellos.


En concreto en el caso de los exmiembros del Govern, los Jordis, Marta Rovira y Carme Forcadell, a los que se procesó por rebelión, el Alto Tribunal considera “suficientemente razonable” esta calificación de los hechos porque existió “alzamiento” con un “uso torticero” del poder para conseguir la independencia de Catalunya de forma ilegal.


De esta forma el auto, de 48 páginas, supone el paso previo a la aplicación automática por parte del instructor del artículo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCRIM) que prevé la suspensión de cargo público de aquellos procesados en firme por rebelión y contra los que pese orden de prisión.


En cuanto a la malversación, por la que también se imputa a los exmiembros del Govern de Carles Puigdemont y que se cifra en 2’9 millones de euros en el auto de Llarena si bien los últimos informes de la Guardia Civil apuntan a 3’2 millones, los magistrados dicen que hubo un “sistema de engaño” que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el referéndum ilegal del 1-O.


El auto, que está firmado por los jueces Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Vicente Magro, constata que los procesados por el delito de rebelión tienen responsabilidad en actos de violencia encaminados a la consecución de una finalidad consistente en la celebración del referéndum, prohibido por el TC y que, según el plan conformado, era un elemento previo e imprescindible para proceder finalmente a la declaración unilateral de independencia (DUI).


El texto recoge que estos actos, cuya ejecución fue asumida y alentada directa o indirectamente desde los autores del plan, que, ante la imposibilidad de una negociación orientada a ese objetivo, planearon la movilización popular y el enfrentamiento físico con los agentes representantes del Estado como la forma de obligar a este a claudicar y a aceptar la independencia.



Así indica que “no es descabellado sostener” que existe “un alzamiento cuando las autoridades legítimas de una Comunidad Autónoma, integrada como parte de España, deciden, desde el ejercicio del poder, derogar de hecho la Constitución y el Estatuto que garantiza y regula su amplísimo autogobierno”, así como el resto del ordenamiento jurídico para cumplir su deseo, “sustituyendo esas normas por otras emanadas de sus propios órganos, negando con todo ello la autoridad del Estado y constituyéndose en un poder político absolutamente autónomo utilizando de forma torticera un poder que les fue conferido con otras y muy diferentes finalidades”. 


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