El presidente del Puerto de Barcelona niega ante el juez del 3% cualquier influencia en las adjudicaciones

Cambra niega haberse reunido con Germà Gordó
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Sixte Cambra, presidente del Puerto de Barcelona, comparece ante el juez del 3%. Fuente: Europa Press


El presidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona, Sixte Cambra, ha asegurado este viernes ante el magistrado de la Audiencia Nacional que instruye la causa del 3%, José de la Mata, que no tenía capacidad ni de decisión ni de influencia en la adjudicación de los concursos y ha negado haber beneficiado a determinados empresarios a cambio de donaciones a CDC.


Cambra, que ha declarado en calidad de investigado, ha afirmado que los procesos de adjudicación estaban ya asignados cuando llegó a la presidencia del puerto catalán en enero de 2011 y que era uno más dentro del Consejo de Administración de la entidad, por lo que no tenía poder decisorio en estos asuntos.


El fiscal le acusa de ser uno de los altos cargos de la formación extinta que contribuyó a poner en marcha la estructura para financiar ilegalmente el partido político en forma encubierta de donaciones a las fundaciones Catdem y Fórum Barcelona, ambas ligadas a CDC.


Al respecto, le atribuye reuniones frecuentes con representantes de empresas cuando se acercaba la fecha de publicación de licitaciones y una participación directa en los dos proyectos que se investigan en esta causa por presuntas irregularidades: el de mejora del 'Dique del Este' y la licitación de obras sobre 'Nuevos accesos a la ampliación sur'.


En su declaración, que se ha prolongado por más de una hora, Cambra ha insistido en que la mesa de contratación del puerto cuenta con técnicos que valoran los procesos y que estos ya estaban allí cuando él llegó a la presidencia. Además ha negado reuniones con Viloca Serrano, extesorero de Catdem y de CDC, y con Tauler Ferrer, consejero delegado de Copisa (empresa a la que se le adjudicó el concurso del proyecto 'Dique del Este').


Más de 100.000 euros en donaciones


Por la primera operación, el partido convergente recibió 50.000 euros a través de donaciones realizadas por Copisa a sus fundaciones y por la segunda, dos donaciones de 30.000 euros a las fundaciones arriba mencionadas.


Como prueba ha aportado el acta de una reunión de miembros de Puertos de España que mantuvo en Madrid el día 15 de diciembre de 2013, fecha en la que se le atribuyen algunos de los encuentros investigados. También ha dicho que no ha tenido relación con Ferrer más allá de presentaciones institucionales cuando fue nombrado presidente.


El titular del Juzgado Central de Instrucción nº5 le ha preguntado explícitamente por el cronograma relativo a reuniones y donaciones entre los 23 investigados en esta causa si bien el presidente del puerto de Barcelona se ha limitado a decir que no le consta y que, se hubieran producido o no estos encuentros, a él nunca le llegó ninguna incidencia al respecto.


Solo estuvo una vez en la sede de CDC


También ha negado encuentros con Francesc Sánchez Vera, exresponsable económico y jurídico de CDC, y ha dicho que en la sede de la formación estuvo únicamente una vez en marzo del año 2013 y que no recuerda quien pero que se le pidió que, en calidad de militante, aumentara su cuota al partido.


Igualmente ha dicho que Germà Gordó, el que fuera conseller de Justicia durante la presidencia de Artur Mas, no tenía relación alguna con las adjudicaciones del Puerto y que nunca habló con él ni de las obras investigadas en esta causa ni de ningún otro proyecto portuario. También ha desvinculado de cualquier práctica ilícita a Antoni Vives, exvicepresidente del puerto de Barcelona y también investigado en la causa.


A preguntas de su letrado Rafael Entrena, ha precisado que tras su detención el 2 de febrero de 2017, convocó un consejo de administración para pedir que se llevara a cabo dos auditorías internas de los dos proyectos ahora investigados en la Audiencia Nacional y cuyo resultado concluyó que no había irregularidades. Se practicaron además otras dos externas, con los mismos resultados, que se presentaron al Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).


Contratación "con absoluta pulcritud"


El propio Cambra ha manifestado su "satisfacción" por haber podido tener la "oportunidad de explicar claramente" al juez que todos los procesos de contratación en el Puerto de Barcelona "se han llevado a cabo con absoluta pulcritud y de forma impecable, tanto desde el punto de vista técnico como jurídico".


En declaraciones a los medios tras prestar declaración, ha asegurado que para él es "muy importante" poder demostrarlo "por el buen nombre" de la Autoridad Portuaria de Barcelona "y de todos los profesionales que forman parte de esta institución". "Espero y estoy convencido de que se podrá archivar lo antes posible la causa que afecta al Puerto de Barcelona porque entiendo que no hay motivo para continuar", ha remarcado.


Dependientes del Puertos del Estado


Por su parte, su letrado ha explicado que se ha aportado documentación en la que consta que en todos los procesos de licitación del puerto de Barcelona tiene una "participación determinante" Puertos del Estado, ente público dependiente del Gobierno.


"Las licitaciones se hacen con la aprobación de Puertos del Estado. Pero lo que es más importante: la valoración técnica, la puntuación de las ofertas, las hace una comisión paritaria en la que están integrados tanto dos técnicos de Puertos del Estado como dos técnicos del puerto de Barcelona. Es decir, que en la valoración de esas ofertas en las que supuestamente se ha influido, Puertos del Estado bendecía y daba su conformidad a la puntuación que se hacía", ha apuntado el letrado.


Este viernes también han declarado ante el magistrado instructor, la subdirectora de Estudios y Coordinación del Departamento de Gobernación y Relaciones Institucionales de la Generalitat de Cataluña, Isabel Muradas; el exgerente municipal del Ayuntamiento de Barcelona y actualmente director de Fira de Barcelona, Constantí Serrallonga, y Ambrosio Martínez, que en el momento de los hechos era director comercial de clientes privados de Copisa.


En lo que respecta a Muradas, la acusada ha asegurado que su conocimiento acerca de los concursos públicos era nulo y que nunca remitió información privilegiada sobre el estado económico de diversos ayuntamientos gobernados por CDC al empresario Josep Manel Bassols.


Se refiere Muradas a dos correos electrónicos que recoge la Fiscalía Anticorrupción en su escrito de acusación con fecha de abril de 2012 en los que éste le preguntaba por la situación concreta del Ayuntamiento de Llinars del Vallés y a los que ella respondió enviando un anexo con documentación sobre la situación económica de dichos consistorios, si bien ha asegurado ante el juez que se trata de información de acceso público y, por tanto, no confidencial.


Buscaban empresarios para los concursos


Serrallonga, por su parte, sí ha reconocido encuentros con Bassols pero ha explicado que su objetivo era conseguir que se presentaran el mayor número posible de empresas a los concursos. El magistrado le atribuye encuentros y comunicaciones por Whatsapp con el empresario para informarle de las licitaciones en el Ayuntamiento de Barcelona, especialmente las relativas al Carril Bici y el Mirador de Aguas.


Ambrosio Martínez, que en la actualidad es director de contratación de Copisa, ha negado el pago de comisiones y ha dicho que él no pudo tener información privilegiada acerca de cuándo salían los lotes de construcción en una obra de la Plaza de les Glòries y que se trata de un tema absolutamente ajeno a él que no les suscitaba el menor interés.


El magistrado reanuda este lunes la ronda de interrogatorios por la causa del 3 por ciento con Antoni Vives, exvicepresidente de la Autoridad Portuaria de Barcelona; José María Zaragoza que trabajó como autónomo para la empresa Oproler y José Miarnau, consejero delegado de Comsa.


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