El presidente del Parlament, Roger Torrent, denuncia al juez del Procés, Pablo Llarena

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Torrent (Parlament)

Roger Torrent, presidente del Parlament. Fuente: Parlament


Nueva denuncia al juez Pablo Llarena procedente de los independentistas catalanes. Roger Torrent, presidente de la Cámara autonómica, ha denunciado este viernes al instructor de la causa del Procés y a otros 3 magistrados de la sala de apelaciones del Tribunal Supremo por presuntos delitos de detención ilegal, obstrucción al funcionamiento del Parlament, prevaricación judicial y contra los derechos fundamentales de los diputados encarcelados o huidos de la Justicia española en el extranjero.


En concreto la denuncia se dirige contra Llarena y los jueces Miguel Colmenero, Francisco Monterde y Albergo Jorge Barreiro por supuestamente alterar con sus decisiones “la garantía de imparcialidad e independencia judicial como paso previo a irrogar un tratamiento judicial desfavorable para con los diputados del Parlament”, vulnerando de esta forma sus derechos procesales y fundamentales con “planteamientos extraprocesales”.


Torrent atribuye a estos magistrados la “sistemática y reiterada infracción de los principios de objetividad y de imparcialidad” que deberán instruir y juzgar un procedimiento con evidente repercusión y raigambre política.


Y además expresa que algunos de sus razonamientos “son indiciariamente reveladores de una conciencia de antijuridicidad, al introducir valoraciones extrajurídicas y claramente políticas”, y pone de ejemplo la interpretación del desasosiego que, según ellos, sentiría más de la mitad de la población catalana y la práctica totalidad de la española con la independencia de Catalunya.


“Ataque a la institución que presido”


Por otra parte la demanda, que ha sido presentada la mañana de este viernes en el registro del Alto Tribunal y que va dirigida a la Sala Segunda, sostiene que al mantener en la cárcel a los políticos soberanistas se están cometiendo delitos contra los derechos fundamentales, al tiempo que recuerda que los parlamentarios gozan de inmunidad por lo que deberían haber sido liberados tras ser elegidos el 21-D.


Así valora que el hecho de que todavía se encuentren en prisión supone un “ataque contra la división de poderes, el autogobierno y la autonomía parlamentaria”, ya que la Cámara catalana tiene autonomía organizativa e inviolabilidad en el ejercicio de sus funciones, entre las que está investir al presidente de la Generalitat sin interferencias de otros órganos.


Roger Torrent defiende también en el escrito que la “limitación de los derechos de los diputados” no solo violenta “sus derechos subjetivos” y constituye un “ataque contra la institución que presido”, sino que además va “contra los derechos de representación política al no permitirse a los elegidos ejercer su mandato parlamentario”.


El líder del Parlament constata que propuso como candidatos a la Presidencia de la Generalitat a 4 candidatos: Carles Puigdemont, Jordi Sànchez, Jordi Turull y ahora Quim Torra. Y destaca que los tres primeros no pudieron ser investidos a pesar de que gozaban de la plenitud de sus derechos políticos, ya que “se habían podido presentar a las elecciones” del 21 de diciembre “y habían adquirido la plena condición de diputado”.


En cuanto al intento de investidura  de Puigdemont, apunta que Llarena actuó de forma “arbitraria y abusiva porque utiliza las herramientas procesales a su alcance atendiendo únicamente a criterios de carácter discrecional”, al haber retirado y activado las euroórdenes de detención en función del contexto.


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