La investigación sobre la empresa de aguas de Girona analiza la compra del fondo Santos Torroella

El fondo de arte se compró durante el mandato de Carles Puigdemont en Girona
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Puigdemont (TV3)

Carles Puigdemont, expresidente de la Generalitat. Fuente: TV3


La investigación, que lleva el Juzgado de Instrucción nº2 de Girona junto con la Fiscalía Anticorrupción, por el presunto fraude de la empresa Aigües de Girona, Salt y Sarrià de Ter persigue determinar el origen del dinero con el que se compró el fondo de arte de Santos Torroella.


Según ha informado este miércoles el Ministerio Público, se investiga el posible uso de fondos públicos que pueden estar relacionados con el canon acordado en la prórroga de 2013 de la concesión de AGISSA o con partidas presupuestarias del ejercicio de 2014 de, al menos, el Ajuntament de Girona.


El fondo del fallecido crítico de arte Rafael Santos Torroella incluye 10 originales de Miró, 9 de Dalí, 8 de Tàpies, 5 de Picasso y obras de Nonell Tharrats, Joan Ponç y Barrades, además de toda la biblioteca y archivo personal del crítico. El fondo fue adquirido en 2014 cuando el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, era alcalde de Girona.


En febrero de 2014, el consistorio de Girona aprobó la adquisición de la colección artística por 3’9 millones de euros, con los votos a favor del equipo de gobierno de CiU y del edil no adscrito Carles Palomares. Puigdemont tuvo que utilizar su voto de calidad para que se aprobara la compra, porque había grupos que estuvieron en contra al considerarla innecesaria.


Este miércoles el juzgado ha ordenado la práctica de 3 requerimientos de documentación a los ayuntamientos de Girona, Salt y Sarrià de Ter que están siendo ejecutados por la Comandancia de la Guardia Civil de Girona como parte de la ‘operación Aquarium’. Este operativo policial arrancó en septiembre de 2017 en la ciudad de Girona tras una denuncia de la CUP. En este dispositivo se intervino documentación de la que se infiere, tal y como ha puntualizado la Fiscalía, la posible comisión de delitos de malversación, apropiación indebida, prevaricación y falsedad en documento mercantil por parte de los responsables públicos de estos 3 consistorios. 


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