Nuevo palo al PP por la corrupción: La Audiencia Nacional concluye que el PPCV se financió de forma irregular

"La declaración de Costa corroborada testificalmente por Luis Bárcenas, acredita que efectivamente existía una financiación ilegal del PPCV"
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Camps y Ricardo Costa (POOL)

Francisco Camps y Ricardo Costa, expresidente y exsecretario general del PPCV. Fuente: POOL


El Juzgado Central de lo Penal de la Audiencia Nacional recoge en su sentencia relativa a la rama valenciana del caso Gürtel por la cual condena a 18 personas a penas de entre 4 y 6 años y 9 meses de cárcel, que el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV) se financió de manera "tan absolutamente irregular" durante las campañas electorales de 2007 y 2008 que "fue delictiva".


El magistrado José María Vázquez Honrrubia considera probado en su resolución que la formación popular valenciana, liderada entonces por el expresidente valenciano Francisco Camps, contrató con Orange Market, la empresa del cabecilla de la red, Francisco Correa, servicios que abonaron "de modo irregular, en parte en efectivo y en parte a través de terceros".


Se refiere con estos terceros a los 9 empresarios que confesaron durante la vista oral celebrada entre los meses de enero hasta mayo, que habían financiado de manera irregular al PP valenciano. De hecho, la resolución distingue tres grupos: el relativo a estos empresarios, el que integraron los miembros del 'Grupo Correa' y los miembros del 'grupo político', entre los que estaba el exsecretario general del PP valenciano, Ricardo Costa.


"La declaración de Costa corroborada testificalmente por Luis Bárcenas, acredita que efectivamente existía una financiación ilegal del PPCV, tanto como que Costa era plenamente consciente de que ese modo de pago era totalmente ilícito", reza la resolución. Su interrogatorio marcó el rumbo de la vista oral al señalar directamente a Camps y al expresidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, como los que encargaron financiar con dinero negro las campañas.


Al margen de la ley


En lo que respecta a las campañas juzgadas, la sentencia concluye que la formación no tuvo en cuenta la cuantía máxima admitida de gasto electoral que prevé la Ley y por ello recurrieron a estos empresarios valencianos, los cuáles no podían hacer donaciones al PP porque tenían contratos con el gobierno presidido durante esos años por Camps. Tanto es así que determina que las cuentas de la formación popular en Valencia estaban a una "distancia abismal" de reflejar una imagen fiel a su situación financiera.


La sentencia cifra en 175.000 euros la única cuantía declarada por Orange Market por la organización de actos para las campañas de 2007 y 2008, entre los que se encuentran el mítin que ofreció el presidente del Partido Popular, Mariano Rajoy, en la plaza de Toros de Valencia en 2008.


Sin embargo, el magistrado señala que "fue muy superior" el servicio que encargó y recibió de Orange Market. En concreto, determina que 1.155.231 euros el dinero que no fue objeto de facturación y contabilización en relación con los actos ejecutados para las elecciones autonómicas de 2007, así como 78.878 euros por las municipales de ese año. Con motivo de las elecciones de 2008, el juez cifra en 801.810 euros la cuantía que también se mantuvo opaca al fisco.


Según el juez, los empresarios valencianos actuaron en connivencia con los miembros del PP valenciano y la empresa de Correa para financiar una parte del gasto comprometido por los cargos políticos asumiendo el pago que dicha formación política debía a Orange Market y haciéndolo aparecer como si fueran servicios prestados por la mercantil. El grupo de Correa, que ha sido condenado a 5 años y 3 meses de cárcel, les facilitaba facturas correspondientes a supuestos servicios que en realidad no habían sido prestados.


Además, la sentencia describe la función ejercida por los asesores fiscales José Ramón Blanco Balín y Cándido Herrero en la confección de las facturas, así como en las declaraciones ante la Agencia Tributaria que fueron confeccionadas en el despacho de Blanco Balín. El sistema diseñado para los pagos era a través de facturas correctas, otras falsas y también con pagos en B.


Las confesiones de los acusados, clave


El juez se ha basado en las confesiones de los acusados durante la vista, en referencia no solo a la declaración de Correa, que reconoció la existencia de este entramado, sino también a la versión mantenida por el número 'dos' de la trama, Pablo Crespo, el responsable de Orange Market, Álvaro Pérez 'El Bigotes', y el exsecretario general del PP valenciano Ricardo Costa.


Aunque apunta que son confesiones "tardías" y en parte provocadas por el devenir que marcaron los interrogatorios a los empresarios, que fueron los primeros en declarar, entiende que no por ello dejan de ser relevantes para confirmar los indicios que existían en la rama valenciana de la red y para ayudar en otros procedimientos que se siguen instruyendo a día de hoy en la Audiencia Nacional de la Gürtel.


Por ello concluye que procede aplicarles atenuantes en tanto que puede ser ejemplarizante "que se conozca que la colaboración activa con la Administración de Justicia, veraz y relevante, puede suponer para todos los implicados o que puedan estarlo en casos análogos de corrupción, una disminución de la pena si efectiva y realmente cooperan para restaurar el orden jurídico violentado".


"Artífices del mecanismo defraudatorio"


Respecto a las imputaciones realizadas por otros acusados a Francisco Camps y Víctor Campos, expresidente y exvicepresidente valencianos, el juez recuerda que comparecieron como testigos aunque su declaración fue totalmente "infructuosa" porque en relación a estos hechos "nada saben, nada recuerdan, nada conocen" y que, aún considerando que han sido designados como artífices del mecanismo defraudatorio, tienen derecho a no declarar contra sí mismos y no declararse culpables.


En el caso de Vicente Rambla, sucesor de Víctor Campos en la vicepresidencia de la Generalitat, resuelta absuelto porque no hay prueba directa que permita concluir que sea autor de los delitos imputados aunque tampoco "podía ignorar lo que estaba ocurriendo en las campañas que dirigía". Rambla, que se enfrentaba a 6 años y 3 de meses de prisión por dos delitos electorales y falsedad en documento mercantil, se desvinculó de cualquier responsabilidad económica de las campañas electorales juzgadas en esta parte de la red.


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