​El Gobierno acuerda como “gesto” con Catalunya levantar el control de los pagos de la Generalitat

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Isabel Celáa, portavoz del Gobierno. Fuente: Europa Press


Primer gesto del Gobierno del PSOE a Catalunya. La portavoz y ministra de Educación, Isabel Celáa, ha anunciado el acuerdo aprobado en el Consejo de Ministras y Ministros para levantar el control sobre las cuentas de la Generalitat. “Hemos determinado que se den instrucciones a los bancos para que el Gobierno de Catalunya pueda abordar los pagos que le corresponden sin necesidad de pasar la supervisión de Hacienda”, ha apuntado.


El 'notición' de la tradicional rueda de prensa posterior a la reunión del Ejecutivo español se ha hecho esperar, pero ha llegado. Tras anunciar los primeros contactos durante el fin de semana de Pedro Sánchez con los presidentes autonómicos para agendar encuentros y la necesidad de “diálogo” con “todos” los líderes de las comunidades autónomas, ha tocado el gordo: el levantamiento del control financiero a Catalunya.





Celáa ha avanzado que esta decisión se toma por parte del Gobierno de Pedro Sánchez como “gesto” o “medida” de “normalización política” en Catalunya, después de “culminar” la aplicación del artículo 155 en la comunidad catalana, y “con la confianza de que funcionará bien”.


No obstante, ha matizado que, si bien la Generalitat podrá afrontar sus pagos con los bancos sin necesidad del “sello del Gobierno de España”, eso “no significa que el Gobierno no vaya a estar informado de las eventuales partidas que pudieran dirigirse a cuestiones catalanas”. “Tenemos fórmulas para estar informados, se supervisarán los recursos para que el gasto sea legítimo y acordado a la ley”, ha advertido Celáa, que no ha dado más detalles sobre el levantamiento del control de las cuentas catalanas.


Cabe recordar que el Gobierno de Mariano Rajoy intervino las cuentas de la Generalitat en 2015 cuando se integró Catalunya en el FLA. En 2017 se intensificó el control y el pasado mes de septiembre se acordó que los pagos de la Generalitat los realizara Hacienda con el objetivo de evitar que el Govern de Carles Puigdemont destinara fondos públicos a la celebración del referéndum ilegal del 1-O. 





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