​Puigdemont y los exconsellers fugados denuncian al juez Llarena

Un juez belga cita a declarar al magistrado del Supremo el 4 de septiembre
|


Exconsellers Bruselas (324)

Meritxell Serret, Toni Comín y Lluís Puig desde Bruselas. Fuente: 324


Nueva acción judicial de los políticos independentistas huidos de la Justicia española por su participación en el Procés: denuncia contra el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, en Bélgica y solicitud de recusación del magistrado en España.


El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers fugados en Bélgica (Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig) y Escocia (Clara Ponsatí) han anunciado este martes la interposición de una demanda civil conjunta ante la Justicia belga contra el instructor por su “falta de imparcialidad” y por “vulnerar la presunción de inocencia” de los acusados, y han pedido su recusación en España.


Por ello un juez belga ha citado a Pablo Llarena a comparecer frente a un tribunal francófono de Bruselas por dicha demanda el 4 de septiembre, aunque no es obligatorio que lo haga de forma presencial. Al ser presentada la denuncia por vía civil no se reclamarán penas de cárcel, sino el pago de una “multa simbólica” de un euro para “reparar el daño causado”, ha detallado uno de los abogados belgas de los exconsellers, Christophe Marchant.


En una rueda de prensa junto a Serret y Puig y sus abogados, Toni Comín ha apuntado que la acción judicial en Bélgica tiene consecuencias en España. En este sentido han planteado su recusación ya que, según ha dicho, el hecho de tener una “causa pendiente” contra ellos es uno de los motivos que obligan a un juez a apartarse del caso.


Por otro lado el exconseller de Salud ha justificado esta actuación dirigida contra Llarena porque “ha vertido opiniones que son indicios de sus prejuicios que le están llevando a vulnerar nuestros derechos”. Y ha añadido que el “juez no se ha limitado a escribir una serie de posicionamientos que consideramos ponen de manifiesto que estamos perseguidos por nuestras ideas políticas, sino también lo ha hecho fuera de su acción jurisdiccional, fuera de los tribunales”.


Se refiere a unas declaraciones que el magistrado hizo el 23 de febrero en Oviedo, tras participar en una conferencia sobre delitos económicos y responsabilidad penal. Según Marchand, el instructor dijo que los políticos encarcelados en España “no son prisioneros políticos”, lo que a juicio de la defensa prejuzga los hechos: “Esta expresión a nuestro juicio basta para abrir un debate judicial”. Afirmación a la que el letrado Paul Bekaert ha agregado que “emitió una opinión antes del juicio, fuera de los tribunales y por tanto prejuzgó”. 


   La coordinadora de los CDR evita entrar en prisión
   Matamala, empresario amigo de Puigdemont que le acompañaba cuando fue detenido, no se presenta al juicio
   La Fiscalía alemana pide la entrega de Puigdemont a España y su reingreso en prisión