​Zaplana recurre su ingreso en la cárcel al considerarlo una medida “desproporcionada”

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Eduardo Zaplana, exministro popular y expresidente valenciano. Fuente: Europa Press


El exministro de Trabajo en el Gobierno de Aznar y expresidente de la Comunidad Valenciana, Eduardo Zaplana, ha recurrido el auto de prisión de la titular del Juzgado de Instrucción nº8 de Valencia tras su detención en el marco de la ‘operación Erial’ al considerar la medida “innecesaria y desproporcionada”. La defensa del expopular, recientemente suspendido de militancia por parte del PP, ha negado que exista riesgo de destrucción de pruebas y de fuga.


Según han informado fuentes conocedoras a Europa Press, los abogados entienden que “tras 3 años de instrucción judicial en secreto y con la única intervención de la UCO (Unidad Central Operativa de la Guardia Civil) y la Fiscalía Anticorrupción, no existe ningún riesgo objetivo de destrucción de pruebas, máxime cuando se ha procedido a realizar entradas y registros en los domicilios y oficinas, llevándose móviles, dispositivos informáticos, portátiles e ingente documentación”. Y también rechazan que haya riesgo de fuga, “debido al arraigo personal y familiar y, sobre todo, a su grave enfermedad, que requiere cuidados continuos y periódicos”.


Estas son las razones que llevan a los letrados a valorar que la prisión provisional y sin fianza es “desproporcionada y lesiva a los derechos del señor humano de quien no está condenado. “La prisión provisional no puede suponer un anticipo de una hipotética pena”, apuntan, y añaden que “en el peor de los casos es factible porque lo prevé la ley, que tal privación provisional de libertad puede ser el arresto domiciliario, en casa de una hija suya, cerca del hospital, donde vivía”.


Zaplana, que fue detenido el martes, ingresó en la prisión de Picassent (Valencia) el jueves, después de que la magistrada decretara su encarcelación provisional, comunicada y sin fianza por el ‘caso Erial’, operación en la que se investiga el cobro de unos 10 millones de euros en presuntas comisiones ilegales recibidas por la adjudicación de contratos públicos relativos a la concesión de las ITV y el Plan Eólico, durante la etapa del político al frente de la Generalitat Valenciana. 


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