La URJC denuncia la gestión económica del Instituto donde cursó el máster Cifuentes
Javier Ramos, rector de la URJC. Fuente: Europa Press
El rector de la Universidad Rey Juan Carlos (URJC), Javier Ramos, ha presentado una denuncia ante los juzgados madrileños por presunto delito de malversación en la gestión económica del Instituto de Derecho Público, en el que cursó el polémico máster Cristina Cifuentes.
Así lo ha decidido el Rectorado tras las “graves irregularidades económicas” detectadas en la gestión de este organismo que se desprenden de la investigación interna encargada por la Universidad a raíz del presunto máster de la expresidenta de la Comunidad de Madrid.
El informe del delegado para dirigir provisionalmente el IDP, Pablo Acosta, “destapa” que el ente “nunca tuvo personalidad jurídica propia, aunque actuaba como si la tuviera; ni se sometía a ninguna supervisión de la URJC, ni disponía de contabilidad oficial”.
“Se ha constatado la existencia de transferencias bancarias realizadas a personas que podrían estar incursas en causa de incompatibilidad para contratar con el Instituto por razones de parentesco”, recoge el documento. Asimismo detecta la existencia de transferencias “a cuentas en apariencia particulares sin que conste en el apunte bancario en qué concepto se realiza el pago” y que hay “disposiciones en efectivo en oficina bancaria por importe de miles de euros”.
“El hecho de que se retiraran del banco cantidades en metálico impide saber a qué fin se dedicaron. Hay numerosos apuntes bancarios relativos al uso de tarjetas de crédito para gastos aparentemente personales en establecimiento comerciales no relacionados con la actividad docente e investigadora del Instituto”, reza el informe.
Por otra parte se expone que el ente, que estaba dirigido por el catedrático Enrique Álvarez Conde, “tiene abiertas cuentas en dos entidades bancarias: una es un banco comercial y otra en un banco de inversión”. “En este último”, añade, “se abrió cuenta en mayo de 2016 mediante una transferencia de 100.000 euros”. En este sentido señala que una parte de ese dinero estaba invertido en fondos de renta variable, algunos podría ser calificados de "alto riesgo", práctica que de confirmarse “es contraria a los principios de buena administración que obligan a cualquier funcionario público”.
El análisis también recoge que "una gran parte de la actididad académica" del IDP "distaba de ser la que correspondería a un organismo vinculado a la investigación y al conocimiento del derecho público". En este punto, Acosta indica que algunos de los cursos gestionados abordaban temáticas ajenas al objeto del ente, tales como el 'Máster en Producción y Montaje de Exposiciones' o el de 'Especialista en Detección de Sustancias Explosivas con Perros'. “Muchas de estas titulaciones se refieren al campo de la seguridad privada, al deporte o al ámbito sanitario, sin ninguna relación con la finalidad del Instituto”, recalca.
Así el informe concluye que el Instituto de Derecho Público funcionó desde su creación “con plena autonomía de hecho, pero sin la debida cobertura jurídica, ni por parte de la ley ni del reglamento propio que nunca llegó a ser aprobado por el consejo de gobierno de la URJC”.
