​La juez Lamela envía a juicio a la cúpula de los Mossos d’Esquadra por el Procés

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Trapero

Josep Lluís Trapero, major de los Mossos cesado por el 155. Fuente: Europa Press


La magistrada de la Audiencia Nacional que instruye la causa sobre la cúpula de los Mossos d’Esquadra por su participación en el Procés, Carmen Lamela, ha concluido la investigación contra el major cesado por el 155, Josep Lluís Trapero, el exsecretario general de la conselleria de Interior, Cèsar Puig, el exdirector del cuerpo autonómico, Pere Soler, y la intendente Teresa Laplana.


La titular del Juzgado de Instrucción nº3 ha declarado concluso el sumario de la causa y lo ha remitido a la Sección Primera de la Sala de lo Penal, dando diez días de plazo a las partes para pronunciarse. Así da por terminada la fase de instrucción y procede a facilitar la activación del siguiente paso: la preparación del juicio.


Trapero está procesado por Lamela por dos delitos de sedición y uno de organización criminal por los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre frente a la conselleria de Economía, así como por la jornada del referéndum ilegal del 1 de octubre. Asimismo la juez procesó a Puig y Soler por organización criminal y un único delito de sedición por el 1-O, mientras que a Laplana le atribuye un solo delito de sedición en relación con el asedio a la conselleria.


Organización bajo “una dirección común” liderada por Puigdemont


Tras la instrucción, que comenzó a finales de septiembre de 2017, la magistrada concluye que Trapero, Puig y Soler formaban parte de una organización jerarquizada “bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat”, Carles Puigdemont, con carácter estable desde hace ya más de dos años, con asignación de tareas y con una confluencia estratégica perfectamente sincronizada de acuerdo con el plan de la organización criminal, que fue lo que “en suma permitió la celebración del referéndum ilegal y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre”.


En su auto de procesamiento del pasado 5 de abril, Lamela detalla el reparto de papeles entre autoridades gubernamentales, parlamentarias y civiles para llevar a cabo la secesión y, con arreglo a ese plan común, se centra en la “utilización ilegal” de los Mossos “al servicio de los intereses secesionistas”.


En este sentido subraya este uso “tanto en los actos sediciosos” del 20 y 21 de septiembre, como también en “la realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de investigaciones judiciales”.


Sedición y obstrucción de la actuación policial


En relación al delito de sedición, valora que la acción de los Mossos durante estas tres jornadas fue la de “omitir el cumplimiento de sus obligaciones legales de actuar”, toda conducta dirigida a evitar lo que en definitiva sucedió en la sede de Economía: que la muchedumbre, de forma pública llegase a concentrarse tumultuosamente en el edificio y “con la fuerza coactiva e intimidatoria que proporciona una multitud hostil a la posible acción policial, con el objeto de impedir o dificultar gravemente el cumplimiento de la orden judicial de registro”.


En cuanto al día del referéndum, Lamela opina que la actuación de los procesados no solo se limitó a no dar cumplimiento a la actuación judicial, sino que fue más allá, “propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos de antemano por los ocupantes de los colegios, facilitando de esta manera que éstos pudieran preparar los escenarios que llevarían a los Mossos a no actuar, obstruyendo a los agentes policiales, dispuestos realmente a cumplir la orden judicial, espiando y controlando sus acciones”. 


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