​El Tribunal Supremo rechaza poner en libertad a Forcadell, Turull, Rull, Romeva y Bassa

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Forcadell y exconsellers

Carme Forcadell y los exconsellers Rull, Romeva, Turull y Bassa, a su llegada al TS. Fuente: Europa Press


La presidenta del Parlament, Carme Forcadell, y los exconsellers Raül Romeva, Jordi Turull, Josep Rull y Dolors Bassa no saldrán de prisión, al menos, por ahora. La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo ha rechazado los recursos contra su permanencia en la cárcel y descarta excarcelarles al entender que persiste el riesgo de reiteración delictiva y el de fuga.


El fallo de los magistrados del TS, en consonancia con las acusaciones de la causa contra el Procés (Fiscalía, Abogacía del Estado y Vox), recoge que, en este momento procesal, y dados los datos disponibles, existen razones serias para mantener que los hechos pueden ser constitutivos de un delito de rebelión, pero, en su defecto, no puede descartarse su calificación como sedición.


En el auto, la Sala argumenta entre otras cuestiones que si los recurrentes pretendían referirse a la excepcionalidad de lo que ha venido ocurriendo en los últimos años en Catalunya, este tribunal coincide en su apreciación, si bien desde otra perspectiva. 


“Efectivamente, no existen precedentes conocidos en la reciente historia europea de que, en un estado democrático, los miembros del gobierno de una Comunidad Autónoma (o de un Estado federado), que en ese sistema democrático goza de un régimen amplísimo de autogobierno (…) se hayan alzado contra la Constitución del Estado, contra la ley que asegura y regula su autonomía y contra el resto del ordenamiento jurídico que se oponga a sus pretensiones”, refleja el texto.


Riesgo de fuga


Los tres jueces que forman la Sala que revisa las decisiones del instructor Llarena (Vicente Magro, Alberto Jorge Barreiro y Miguel Colmenero) examinan en una escrito de 18 páginas la concurrencia del riesgo de fuga y destacan que, entre las circunstancias personales de los recurrentes, no puede dejar de valorarse la estructura organizativa que los apoya, ni la consistencia económica de la misma, ni los contactos internacionales del grupo, “elementos que han permitido a quienes ya se han fugado, mantener una apariencia de vida normalizada fuera de España y de la residencia que hasta entonces era su domicilio habitual”.


En el escrito recuerdan que existen aún otros investigados en la causa –en alusión a Carles Puigdemont y otros exconsellers fugados- que permanecen en países de la UE “a pesar de ser reclamados por autoridades judiciales españolas por delitos muy graves, que incluso podrían afectar, en caso de que los procesados alcanzaran sus objetivos a la propia estructura política y a los valores de la Unión”.


Y agregan que “en estas circunstancias, la posibilidad de que los recurrentes consideren una opción entendible la huida de la acción de la Justicia española, que ya se aprecia de forma suficiente en atención” a la consolidación de los indicios que han llevado a su procesamiento, “se incrementa, y debe ser evitada para asegurar la tramitación adecuada del proceso”.


Reiteración delictiva


Sobre el riesgo de reiteración delictiva, la Sala considera que la conducta imputada no tiene relación con un acto aislado, sino con la participación constante y relevante, como miembros del Govern y del Parlament, en un plan que se desarrolló a lo largo de un periodo de 2 años, “en el curso de los cuales se desobedecieron frontalmente las resoluciones del Tribunal Constitucional y se actuó derogando de facto la Constitución, el Estatuto de autonomía y cuantos elementos de ordenamiento jurídicos se oponían al designio de los recurrentes”.


En esta misma línea apuntan que el plan se mantuvo “aún después de los episodios de violencia y de los tumultos que tuvieron lugar el 20 de septiembre (asedio a la conselleria de Economía) con ocasión de los intentos de evitar, con el concurso de la fuerza física, que se diera cumplimiento a resoluciones judiciales de entrada y registro en dependencias oficiales de la Generalitat”, ya que insistieron en la convocatoria del referéndum ilegal del 1 de octubre “aun sabiendo que la presencia policial encargada de impedir las votaciones daría lugar a enfrentamientos físicos” que probablemente “terminarían en actos de violencia”.


A ello los magistrados añaden que debe valorarse el contexto en el que se produciría una eventual recuperación de la libertad de los procesados. En este punto indica que “no existen indicios de que se haya abandonado de forma clara y definitiva la idea de forzar la colisión con el Estado con la finalidad de declarar la independencia, e imponerla por vías de hecho con el concurso de la movilización popular y, consiguientemente, con la alta probabilidad de enfrentamiento físico con los agentes que actúan para asegurar el cumplimiento de la ley”.


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