​Forcadell recurre su procesamiento y recuerda que es una “pacifista”

Señala que de haber cometido algún delito sería el de “desobediencia”
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Forcadell (Parlament)

Carme Forcadell, expresidenta del Parlament. Fuente: Parlament


La expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, ha presentado un recurso contra el auto de procesamiento del juez del Tribunal Supremo que investiga el Procés, Pablo Llarena. En él ha recordado que es “persona absolutamente pacifista” y ha alegado que en el remoto caso de haberse cometido un delito debería ser imputada por desobediencia y no por rebelión.


“Es una persona absolutamente pacifista y si para perseguir su ideología es precisa la violencia, antes abandonará sus ideas que permitir ningún acto violento”, recoge el escrito de apelación, en el que se lamenta que el auto contra Forcadell incida en que su participación en la protesta del 20 de septiembre frente a la conselleria de Economía, arengando a la movilización en la concentración del día siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) o en otras manifestaciones, ha ido de la mano con “la violencia manifestada”.


Por otro lado la defensa asegura que en el remoto caso de haberse cometido algún delito por sus acciones al frente del Parlament, permitiendo debates que estaban apercibidos por el TC, la política “debería exclusivamente de ser llevada a juicio por presunto delito de desobediencia”, de igualforma como se ha establecido con el resto de integrantes de la Mesa del Parlament.


En este sentido asegura que del delito de desobediencia debería decretarse sobreseimiento libre por encontrarse “amparado por la garantía de inviolabilidad parlamentaria” e insiste la letrada en que la expresidenta de la Cámara catalana no organizó ni convocó ningún acto, no arengó en ningún momento a movilizaciones violentas y en la protesta del 20 de septiembre “se limitó a pasar a primera hora de la tarde, dos minutos por el lugar de la concentración sin tener la más mínima participación en ella”.


Juzgado competente


En el escrito se recuerda que el auto describe el conjunto de actuaciones todas ellas relacionadas con la tramitación legislativa de diferentes propuestas y el voto de los miembros de la Mesa. En este sentido, tanto el recurso de Forcadell como el de la exsecretaria primera del Parlament, Anna Simó, defienden que la actuación que se investiga formaba parte de sus funciones propias del órgano rector que “no puede limitar la potestad del pleno para introducir elementos de debate”.


“Los miembros de la Mesa no tienen facultad, ni deben tenerla, para limitar el debate que los diputados realizan en sede del Parlament haciendo uso del derecho a libertad de expresión y en ejercicio de representación de la ciudadanía”, subrayan en sus escritos, en los que remarcan su condición de aforadas y exigen que la “competencia para su enjuiciamiento no sea de este órgano judicial sino del TSJC”.


Al margen de su condición de aforadas, recogen que los elementos de los tipos penales que se les imputan han sucedido en su totalidad en Catalunya y, concretamente sobre el delito de rebelión, las defensas exponen que, de haber existido algún alzamiento público y violento (que niegan rotundamente) se habría producido en la comunidad catalana.


“De haberse declarado la independencia, también habría tenido lugar en el Parlament, y por tanto en Barcelona”, razonan, y añaden que cualquier malversación que hubieran cometido el prejuicio se habría causado a la Generalitat, por lo que insisten en que el Tribunal Supremo decline su competencia en favor del TSJC. 


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