Junqueras y Romeva recurren su procesamiento y cargan contra el juez Llarena

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Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat y líder de ERC. Fuente: Europa Press


El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y el exconseller de Exteriores, Raül Romeva, han presentado este martes un recurso de apelación ante la sala segunda del Tribunal Supremo contra el auto de procesamiento dictado por el juez del Procés, Pablo Llarena.


En el escrito critican las resoluciones dictadas por el instructor al considerar que en sus autos afirma que la independencia no puede defenderse pacíficamente y, a juicio de su defensa, "demuestra una valoración política". En el recurso se reivindica que el proyecto soberanista es legal y legítimo y siempre se ha defendido de forma pacífica, por lo que se lamenta que el auto hace un relato del 20 de septiembre y del 1-O con una "interpretación totalmente sesgada". 


La defensa de los políticos de ERC plantean que el conflicto catalán debería abordarse por la vía política y no la judicial: "Si España tiene o no una democracia madura y si los tribunales penales son capaces de entender que el conflicto político debe ser solucionado por medios políticos".


Por otra parte el escrito contiene un apartado con el título 'La rebelión que se evapora', donde se alega que imputar este delito es indefendible y que no tiene sentido y "causa sonrojo" que se contemple en esta causa. Asimismo alega que se están vulnerando los derechos y garantías de los procesados desde el inicio de la causa, y advierten de que esta vulneración "podría incluso estarse incrementando a medida que se tramita el procedimiento hasta niveles intolerables".


Incidente con la diputada de la CUP, Mireia Boya


En el recurso se recoge también el incidente que protagonizó la exdiputada de la CUP, Mireia Boya, quien tuvo un rifirrafe verbal con el juez Llarena y se asegura que el juez le dijo si quería que la procesara "por rebelión".


El letrado Van den Eynde lamenta que el magistrado considera que el Procés "se mantiene larvado", y esgrime que esto podría lesionar derechos fundamentales como son los de libertad de conciencia o la proscripción de la persecución de la disidencia política en el marco constitucional.


Además se queja de que el procedimiento se desarrolla en claro sesgo en favor de las acusaciones, asegurando que existe una paralización de las iniciativas de las defensas "en contraposición con la ágil tarea de conformación de supuestas evidencias de cargo". 


"Y es que, en general, la neutralidad sobre la que descansa el principio consagrado en el artículo 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal brilla por su ausencia tanto en el procedimiento como en las resoluciones recurridas", señala el abogado, que afirma que el proceso judicial está llegando a "fórmulas propias del sistema inquisitivo".


En esta misma linea defiende que la gestión de las medidas cautelares, a su juicio, está siendo sumamente contraria a las recomendaciones y estándares internacionales que cuestionan la imparcialidad del órgano de instrucción. Por ello concluye que existe "la criminalización de una ideología" y afirma que organizar un referéndum como el del 1 de octubre no constituye delito alguno. 


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