Suspendida la teleinvestidura de Puigdemont y advertencia del TC a Roger Torrent

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Puigdemont (Generalitat)

Puigdemont desde el Palau de la Generalitat. Fuente: Generalitat


Sin sorpresas. La teleinvestidura de Puigdemont no podrá llevarse a cabo desde el punto de vista judicial. El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso interpuesto por el Gobierno de Mariano Rajoy este mismo miércoles contra la reforma de la Ley de Presidencia de la Generalitat con la que los partidos soberanistas pretendían investir a distancia al expresidente Carles Puigdemont.


El TC ha dado luz verde al recurso y lo ha hecho por unanimidad de los doce magistrados que integran el órgano de garantías. Al ser presentado por el Ejecutivo central, en base al artículo 161.1 de la Constitución, los preceptos que han sido impugnados quedan en suspenso mientras se resuelve el fondo del asunto (al menos cinco meses prorrogables).


El escrito elaborado por los servicios jurídicos del Estado entiende que los artículos que amparan la investidura no presencial resultan claramente inconstitucionales y advierte que esta modificación legal “altera las reglas del juego de la vida parlamentaria en un momento esencial” y de “forma arbitraria” con el fin de aplicarse a un “caso específico”, en referencia a Carles Puigdemont. 


Se trata de los apartados 3 a 6 del artículo 35 de la Ley catalana, que permite concretamente realizar la investidura de un presidente sin que esté presente en el hemiciclo, adoptar acuerdos y remitir actas tanto de forma presencial como a distancia, utilizando para ello medios telemáticos.


Asimismo y a petición de la Abogacía del Estado, el TC acuerda notificar personalmente al presidente del Parlament, Roger Torrent, y a los demás miembros de la Mesa de la Cámara catalana y aprueba avisarles de su deber de impedir o paralizar cualquier iniciativa que suponga ignorar o eludir la suspensión acordada, "apercibiéndoles de la nulidad radical de tales actuaciones que realicen y de las eventuales responsabilidades, incluida la penal, en las que pudieran incurrir en caso de no cumplir dicho requerimiento".



La demanda del Gobierno se ha trasladado al Congreso y al Senado, así como a la Generalitat y al Parlament catalán, para que en el plazo de 15 días puedan personarse en el proceso y formular las alegaciones que consideren convenientes. Con el fin de evitar un conflicto en la defensa de los intereses del Estado y de la comunidad autónoma se suspende el plazo para que el Govern pueda personarse en la causa. 


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