​Cristina Cifuentes desvía el ‘caso máster’ y se lanza a por la gestión de Esperanza Aguirre

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Instituto Medicina Legal Campus Justicia

Instituto de Medicina Legal del Campus de la Justicia de Madrid. Fuente: Europa Press


El Gobierno de la Comunidad de Madrid, liderado por Cristina Cifuentes, ha decidido trasladar a la Fiscalía General del Estado una denuncia con posibles “irregularidades” en la gestión del proyecto del Campus de la Justicia en la etapa de Esperanza Aguirre como presidenta regional.


Tal y como ha adelantado El Mundo, este paso responde a un dictamen de la Abogacía General encargado por la Comunidad madrileña sobre el proyecto diseñado por el entonces Gobierno de Aguirre para concentrar en Valdebebas todos los organismos judiciales y en el que se recoge que se han detectado incumplimientos de forma “sistemática” de las normas más esenciales de contratación pública y contabilidad.


Hace unas semanas, el consejero de Presidencia y portavoz del Gobierno autonómico, Ángel Garrido, anunciaba que el Ejecutivo había elevado el 3 de abril a la Abogacía General de la Comunidad de Madrid el informe de la Cámara de Cuentas sobre el Campus de la Justicia para que valorara si es necesario tomar medidas. Entonces dijo que había “cifras y datos” que a todos generan “dudas en la forma de gestión”.


Este jueves ha sido el propio Garrido quien ha explicado a los medios que después de la evaluación de la Abogacía, que señalaba que podía existir “ilícitos penales”, han dado el paso de llevar el caso a la Fiscalía, organismo que debe ser ahora el que decida si hay indicios de criminalidad y si remite el asunto al juzgado. Según el vocero será en ese momento cuando se valorará desde el Gobierno regional personarse como acusación popular, como así han hecho en el caso Púnica.


Preguntado por el motivo por el que el Gobierno del PP en Madrid no se sumó a la oposición, que ha llevado ya hasta en dos ocasiones esta cuestión al Ministerio Público, ha esquivado el tema señalando que las denuncias que ellos plantean deben estar avaladas por la Abogacía.


Asimismo ha defendido, sobre la coincidencia de que esta remisión se produzca en plena polémica sobre el máster de Cifuentes, que desde el Ejecutivo madrileño no actúan con "intereses partidistas" sino que elevan las cosas cuando tienen que hacerlo. “Podría haber sido ayer, hoy, hubiéramos hecho exactamente igual”, ha dicho el portavoz, que ha añadido que “la legalidad no entiende decolores, ni de departamentos, sino de dejar actuar a los tribunales”.  


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