​Trapero recurre su procesamiento y niega haber puesto los Mossos al servicio del Procés

Desvela que el día de la DUI se puso a disposición del TSJC
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Josep Lluís Trapero, exmajor de los Mossos, a su llegada a la Audiencia Nacional. Fuente: Europa Press


El exjefe de los Mossos d’Esquadra, Josep Lluís Trapero, ha recurrido el auto de procesamiento de la juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, por los presuntos delitos de sedición y organización criminal. El exmajor niega haber puesto la policía catalana al servicio del proceso independentista y ha desvelado que el día de la DUI se puso a disposición del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).


En su recurso, presentado este lunes por su abogada, Trapero destaca un correo enviado al presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, y al entonces fiscal superior de Catalunya, José María Romero de Tejada, el 27 de octubre tras la declaración unilateral de independencia, en el que el exjefe de los Mossos se ponía a su disposición “con el fin de dar cumplimiento a las órdenes que se pudieran derivar en relación con esos hechos”.


Además rechaza en su escrito haber puesto a la policía autonómica al servicio del Procés, ya que ni él ni la cúpula policial compartían “un eventual plan tendente a la celebración del referéndum”. 


Así subraya que no hay ninguna manifestación pública ni privada que demuestra su connivencia con el proyecto soberanista “simple y llanamente porque no solo no realizó jamás manifestaciones en este sentido sino porque ni formó parte de la supuesta ‘compleja y heterogénea organización’ unida por ese designio, ni sometió el cuerpo policial autonómico a dicho proceso”.


“Una cosa eran los desiderátums y la voluntad del órgano político y otra la actuación del cuerpo de los Mossos d’Esquadra, cuya cúpula, con el mayor a su frente, vino siempre presidida por una firme determinación de cumplir con el ordenamiento legal vigente y con las órdenes emanadas del Poder Judicial y de la Fiscalía”, argumenta.


Niega las vigilancias para proteger a políticos independentistas


La defensa de Trapero niega también que se produjeran vigilancias ni contravigilancias para proteger a investigados por los hechos relacionados con el 1-O.  Pone de ejemplo el caso del entonces número dos de Junqueras en la conselleria de Economía, Josep María Jové, a quien se le rechazó la petición de escolta las 24 horas, auditorías de seguridad informática en su vivienda y detección de software malicioso en su teléfono móvil, ya que la Jefatura solo autorizó un servicio de vigilancia esporádica no uniformada.


Asimismo hace hincapié dos reuniones el 26 y el 28 de septiembre de Trapero y los comisarios de la Jefatura de Mossos con Carles Puigdemont, Oriol Junqueras y Joaquim Forn para comunicarles su preocupación por el mantenimiento de la consulta, que no se compartía desde la policía catalana el proyecto soberanista, así como la “firme voluntad y decisión de todos ellos” de “respetar la legalidad vigente y de cumplir con los mandatos judiciales tendentes a evitar la celebración del referéndum”.


Rechaza la inacción de los Mossos el 1-O


En relación al operativo policial del 1 de octubre rechaza que hubiera inacción por parte de los Mossos d’Esquadra y que la llamada a actuar de forma proporcional y congruente quisiera enmascararlo, ya que el propio TSJC hacía una petición en su auto para impedir el referéndum a que no se afectara la normal convivencia ciudadana.


Recalca que las decisiones en relación al dispositivo conjunto en el que participaban Mossos, Policía Nacional y Guardia Civil, fueron adoptadas por el coordinador policial y alto cargo del ministerio de Interior, Diego Pérez de los Cobos.


En esta línea matiza que se decidió destinar a dos agentes a cada punto de votación, en total 2.200, “no siendo asumible una presencia mayor atendido el número de efectivos de los que se disponía” y añade que estaba previsto que el orden público recaería mayoritariamente en el Instituto Armado y el CNP.


Sobre la actuación concreta de la policía catalana el recurso hace referencia a un documento elevado al TSJC el 10 de octubre de 2017 que detalla datos concretos y contrastados en cuanto a centros de votación cerrados y material incautado por los Mossos, complementado después por otro informe del 27 de octubre.



Descarta levantamiento tumultuario ante la conselleria de Economía


En cuanto a la concentración ante la conselleria de Economía el 20 y 21 de septiembre, días en los que la Guardia Civil desarrolló un operativo contra miembros del Govern para impedir el 1-O (‘Operación Anubis’), el recurso indica que “se produjo una gran movilización ciudadana, con ocupación de la vía pública, y unos destrozos inexcusables a los vehículos de la Guardia Civil”.


“Más allá de que en el transcurso de la jornada se produjera algún episodio aislado de lanzamiento de objetos contra agentes policiales, la concentración fue pacífica y dirigida a manifestar y expresar la oposición a determinadas actuales policiales y judiciales”, recoge el escrito.


En este punto Trapero descarta que se produjera un levantamiento tumultuario de las personas congregadas frente a la conselleria y explica que nadie trató de irrumpir en el edificio para impedir la diligencia judicial. Y añade que en ningún caso hubo por parte de los Mossos una “omisión dolosa de auxilio” a la comitiva judicial y a la Guardia Civil, ya que desde las 9.34 horas se desplazaron a la zona unidades antidisturbios que se fueron reforzando.


Además afirma que todas las peticiones de ayuda de la Benemérita fueron valoradas y atendidas y defiende que si no se dispersaron a los congregados “no fue por una voluntad maliciosa de obstruir”, sino por la absoluta imposibilidad de hacerlo ante la presencia de una masa compacta que impedía los movimientos y la actuación policial. 


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