​Junqueras defiende la legalidad del referéndum y niega el desvío de dinero público para el Procés

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Junqueras

Oriol Junqueras, exvicepresidente de la Generalitat. Fuente: Europa Press


El exvicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, ha asegurado ante el juez del Tribunal Supremo que instruye la causa del Procés, Pablo Llarena, que no se ha usado dinero público para el proceso independentista y ha defendido la legalidad del independentismo y del referéndum del 1 de octubre.


El presidente de ERC, en la prisión de Estremera desde principios de noviembre, ha comparecido ante el magistrado del Alto Tribunal, que le había citado este lunes para comunicarle su procesamiento por los delitos de rebelión y malversación de fondos públicos. Junqueras ha declarado durante 40 minutos ante el juez y únicamente ha contestado a preguntas de su abogado defensor.


Según fuentes presentes en la declaración, el republicano ha insistido durante su comparecencia en que el Govern de Catalunya no ha “dedicado un solo euro del presupuesto” al Procés y ha insistido en que todo fue “pacífico”. 


“Creo en la dignidad humana, en el pacifismo y en la convivencia”, ha remarcado el político, que ha añadido que no cree que sea delito la convocatoria de un referéndum.


Denuncia la falta de dialogo de España


Otras fuentes también presentes en la comparecencia del exvicepresidente de la Generalitat han informado que, a preguntas de su defensa, el político ha dicho que ERC lleva defendiendo un programa independentista desde hace muchos años sin que nunca haya sido antes cuestionado.


El republicano ha subrayado que el conflicto catalán debe solucionarse desde la política y nunca desde la judicialización, y mucho menos desde la criminalización. En este punto ha defendido la legalidad de la independencia y ha hecho hincapié en la ausencia de violencia por parte del soberanismo, si bien ha denunciado ante el juez que el uso de la fuerza el 1-O por parte de la Guardia Civil y la Policía Nacional fue desproporcionado e inadmisible.


Según Junqueras los representantes políticos catalanes han intentado en reiteradas ocasiones promover un acuerdo político con España y pactar la forma de ejercicio del derecho a la autodeterminación, sin que el Estado español haya facilitado nunca cualquier diálogo.


Vulneración de derechos políticos


En relación al procesamiento, el abogado del líder de ERC ha defendido que el Tribunal Supremo no es competente para investigar los hechos y ha afirmado que la prisión provisional que sufre su patrocinado le impide garantizar su defensa en condiciones óptimas.


En este sentido el diputado ha dicho que se le está investigando en otros procedimientos, como el que realiza el Juzgado de Instrucción nº13 de Barcelona y que se pretende anular el movimiento político que representa, vulnerando los derechos políticos de quienes le votaron.


Indicios de violencia


El magistrado, según el auto de procesamiento, considera que Junqueras, junto a Puigdemont y Forn (entonces conseller de Interior), fue advertido días antes del referéndum ilegal por los responsables de los Mossos del grave riesgo de incidentes violentos si se hacía la consulta.


Asimismo Llarena considera que los tres también conocían la gravedad de la protesta del 20 de septiembre frente a la conselleria de Economía y decidieron continuar con el 1-O, llamaron a la movilización e impulsaron un operativo policial autonómico comprometido con la votación ilegal del 1 de octubre.


El exvicepresidente de la Generalitat ha sido el primero en comparecer ante el juez del TS. También han acudido a la declaración indagatoria, trámite previsto en la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LeCRIM) una vez se procesa a los investigados, Jordi Sànchez (expresidente de ANC) y Jordi Cuixart (presidente de Òmnium Cultural) por el delito de rebelión, ya que no se les acusa del de malversación.


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