​Liberado el barco de rescate de Proactiva Open Arms

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Barco Open Arms

Barco de Proactiva Open Arms. Fuente: Proactiva Open Arms


El barco de rescate de Proactiva Open Arms podrá volver a la acción en las aguas del mar Mediterráneo. El juez instructor de la localidad siciliana de Ragusa (Italia), Giovanni Giampiccolo, ha invalidado la orden de secuestro que pesaba sobre la embarcación de la ONG por presunto tráfico ilegal de migrantes.


Así lo ha confirmado la abogada de la organización, Rosa Emanuela lo Faro: “El juez ha dispuesto la liberación del barco. Estamos muy felices”. Por su parte el fundador de la entidad, Òscar Camps, ha explicado que es una buena noticia pero ha recordado que siguen las investigaciones de la fiscalía de Catania. 



La retención del barco se produjo el 18 de marzo en el puerto de Pozzallo, en la isla italiana de Sicilia, tras rescatar a más de 210 inmigrantes que se encontraban a la deriva en el Mediterráneo. La Justicia italiana abrió entonces diligencias contra la jefa de la misión, Anabel Montes, el capitán, Mark Reig, y un responsable de la ONG a los que acusaba de favorecer la inmigración clandestina


El magistrado, que fue designado al cargo del caso tras validarle la incompetencia territorial de la fiscalía de Catania, reconoce que la ONG llevó a cabo el rescate de forma “autónoma” y sin coordinarse con la guardia costera de Libia, a pesar de que esta última había asumido la responsabilidad.


Entre los hechos que relata, señala la negativa de los integrantes de Proactiva a entregar a las autoridades libias a los migrantes socorridos y de atracar en un puerto de Malta. Sin embargo argumenta que la “desobediencia a las directivas impartidas por las autoridades dispuestas para la coordinación de los rescates” se debió a “una justificación del estado de necesidad”.


En este sentido alega que ni Malta ni Libia eran puertos seguros para el desembarco de los ciudadanos rescatados. Sobre el primero considera “decisivo” el hecho de que no se disponga de “ninguna información de una efectiva y concreta disponibilidad de Malta para recoger los inmigrantes”.


Sobre el segundo sostiene que “no se puede ser considerado seguro un lugar donde hay un serio riesgo de que la persona pueda ser sujeta a la pena de muerte, tortura, persecución o sanciones, tratamiento inhumano o degradante o donde su vida o libertad estén amenazadas por motivos de raza, religión, nacionalidad, orientación sexual, pertenencia a un grupo social determinado o de orientación política”.


Asimismo añade que en ese momento es clara la “falta de una prueba sobre la existencia de un lugar seguro en territorio libio (…) con capacidad para acoger los migrantes socorridos en las aguas de su competencia en el que se respeten sus derechos fundamentales”.


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