El exjefe de los Mossos, Josep Lluís Trapero, procesado por sedición y organización criminal

La juez Lamela procesa también a Pere Soler, Cèsar Puig y Teresa Laplana
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Josep Lluís Trapero, major de los Mossos cesados por el 155. Fuente: Europa Press


La juez de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, procesa al exmajor Josep Lluís Trapero por dos delitos de sedición y uno de organización criminal por los hechos ocurridos frente a la conselleria de Economía los días 20 y 21 de septiembre, así como por la jornada del 1-O.


La magistrada también decide procesar por organización criminal y un único delito de sedición por el referéndum ilegal al exdirector de los Mossos d’Esquadra, Pere Soler, y al exsecretario general de Interior de la Generalitat, Cèsar Puig. Asimismo propone juzgar a la intendente Teresa Laplana por un delito de sedición en relación con el asedio a la conselleria de Economía.


La titular del Juzgado Central de Instrucción nº3 de la Audiencia Nacional, tras hacer un relato pormenorizado de los hechos que se imputan, explica en su auto los motivos por los que les atribuye dichos delitos, diferentes a los imputados a los procesados en la otra causa del Procés que instruye el juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena (rebelión, malversación y desobediencia).


Carmen Lamela mantiene las medidas cautelares que ya había dictado contra los 4 procesados, es decir, la retirada de pasaporte, comparecencias quincenales ante la Justicia y prohibición de salir del territorio nacional. Además les ha citado para comunicarles el auto de procesamiento (declaración indagatoria) el próximo 16 de abril a las 10.00 horas.


El Procés: organización criminal


Para argumentar el delito de organización criminal recuerda que los requisitos de este tipo penal son el de jerarquía, permanencia en el tiempo, coordinación y cooperación, reparto de tareas y planificación.


Así concluye que Trapero, Soler y Puig integraban una organización jerarquizada “bajo una dirección común en cuya cúspide se encontraba el president de la Generalitat de Cataluña”, con carácter estable desde hace ya más de dos años, con asignación de tareas y con una confluencia estratégica sincronizada con el plan criminal, que fue lo que “en suma permitió la celebración del referéndum ilegal y la ulterior declaración de independencia aprobada por el Parlament el 27 de octubre”.


En cuanto a esta estrategia premeditada y coordinada, la magistrada revela el reparto de papeles entre autoridades catalanas, centrándose en la “utilización ilegal” de los Mossos “al servicio de los intereses secesionistas”. Así destaca este uso “tanto en los actos sediciosos” del 20 y 21 de septiembre como durante la jornada del 1-O, pero también hace referencia a la “realización de actuaciones de espionaje a los miembros de la Policía Nacional y Guardia Civil y acciones de vigilancia y contravigilancia a miembros de la organización que eran seguidos y vigilados en el curso de investigaciones judiciales”.


Sedición: omisión de su obligación de actuar


Para justificar el delito de sedición valora que la actuación de los Mossos fue la de “omitir con incumplimiento de sus obligaciones legales de actuar”. En este sentido alega que este tipo penal requiere un alzamiento, levantamiento o insurrección contra el normal funcionamiento de las instituciones y que no exige el empleo de la fuerza, sino que es suficiente hacerlo al margen de las vías legales establecidas.


En relación a los hechos ocurridos el 20 y 21 de septiembre señala que la policía autonómica en lugar de actuar se limitó a “aparentar” que no era posible dar cumplimiento a evitar que la “muchedumbre, de forma pública, llegara a concentrarse tumultuosamente” en la sede de Economía, atendiendo al tumulto de personas concentradas, “cuando en realidad se trataba de una abierta negativa a las reiteradas peticiones de auxilio que recibieron procedentes de la Guardia Civil, en aras a proteger a la comisión judicial encargada de llevar a cabo los registros por orden judicial”.


Sobre la jornada del referéndum considera que la actuación de los procesados no solo se limitó a no dar cumplimiento a la orden judicial, sino que fue más allá “propiciando que sus planes de actuación fueran conocidos de antemano por los ocupantes de los colegios, facilitando de esta manera que éstos pudieran preparar los escenarios que llevarían a los Mossos a no actuar, obstruyendo a los agentes policiales, dispuestos realmente a cumplir la orden judicial, espiando y controlando sus acciones”.


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