La Fiscalía de Bruselas estudia las órdenes de detención de los exconsellers Comín, Serret y Puig

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Govern Bruselas

Carles Puigdemont y los exconsellers que se fueron a Bruselas. Fuente: JxCat


La Fiscalía de Bruselas todavía está examinando la orden europea de detención de los exconsellers que permanecen en Bélgica: Toni Comín, Meritxell Serret y Lluís Puig. Fuentes del Ministerio Público belga han informado a Europa Press que se dispondrá de más detalles sobre los próximos pasos del proceso a lo largo de la tarde de este lunes y no han descartado que se contacte con las defensas de los tres exconsellers para pedirles que acudan a la sede de la Fiscalía.


Las autoridades belgas recibieron el pasaso sábado la notificación de reactivación de las euroórdenes por parte del juez del Tribunal Supremo que investiga la causa del Procés, Pablo Llarena. Toni Comín es el único de estos tres imputados que ha sido procesado por un delito de rebelión, al que se suma el de malversación. Tanto Meritxell Serret como Lluís Puig están acusados de delitos de malversación y desobediencia.


 Si la Justicia belga siguiera las mismas etapas que llevó a cabo cuando la magistrada de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, activó las OEDE, se designaría un juez de instrucción que se encargaría de decidir en un plazo de 24 horas si la orden de detención es conforme a la ley, si procede dictar prisión o si hay alguna causa de rechazo de la misma. Si el instructor no determina cárcel, podría tomar medidas cautelares para evitar el riesgo de fuga. 


Dado que se espera que las defensas de los exconsellers no aceptarán la extradición ante el magistrado, el proceso pasará presumiblemente a la Cámara del Consejo, donde el juez tendrá un plazo de 15 días para valorar si la orden es ejecutable o no. Esta resolución también podría ser recurrida primero al Tribunal de Apelación y posteriormente al Tribunal de Casación. En ambos casos la sala tiene 24 horas para admitir o desestimar el recurso y otros 15 días para tomar una decisión sobre la extradición. 


La legislación comunitaria sobre las euroórdenes prevé que la extradición de un ciudadano reclamado por otro Estado miembro se resuelva en 10 días si el afectado acepta la orden. No obstante, los plazos se alargan hasta los 60 días si las personas requeridas se niegan a la extradición. Este tiempo puede alargarse otros 30 días en casos excepcionales.


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