El PP busca cambiar la Ley Electoral para que los condenados no puedan ser elegidos cargos públicos

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Fuente: Europa Press


El Partido Popular quiere cambiar la Ley Electoral. Los populares buscan modificar la LOREG para que no puedan ser votadas para ocupar un cargo electo aquellas personas que hayan sido condenadas por sentencia firme o aquellas que, aún sin tener sentencia firme, estén imputadas por un delito de rebelión o integración en organización terrorista


Así figura en una de las enmiendas, recogidas por Europa Press, que el Grupo Popular ha registrado en una proposición de ley que fue remitida al Congreso por la Asamblea de Madrid y que actualmente está en trámite en el Congreso. La formación que lidera Mariano Rajoy pretende impedir que sean "inelegibles" como cargo público aquellos con discapacidad dictaminada por una sentencia judicial firme que determine "expresamente la falta de capacidad para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo". 


En concreto trata de ampliar el punto dos del artículo 6 de la LOREG para que "las personas con capacidad de obrar modificada judicialmente en sentencia judicial firme, siempre que la misma declare expresamente la falta de capacidad para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por falta de capacidad de discernimiento de la persona para ejercer las funciones y cargos públicos". 


"A los efectos previstos en este apartado, los Jueces y Tribunales que entiendan de los procedimientos judiciales de modificación de la capacidad de obra o de internamiento deberán pronunciarse expresamente sobre la falta de capacidad para el ejercidio del sufragio pasivo de forma motivada, evaluando de forma individualizada este tipo de falta de capacidad. En el supuesto de que ésta sea apreciada, lo comunicarán al Registro Civil para que se proceda a la anotación correspondiente", añade la propuesta.


En su justificación el PP apunta que ese cambio "incorpora el régimen del derecho de sufragio pasivo de las personas con discapacidad", que, a su juicio, debe vincularse "a la capacidad de discernir y a la plena capacidad jurídica de obrar". Además señala que esta propuesta de reforma "cumple con las prescripciones establecidas por la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2006".  


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