El Parlament vulneró derechos de los diputados del PSC al rechazar la consulta sobre la Ley de desconexión

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Miquel Iceta


Miquel Iceta, primer secretario del PSC, durante la campaña electoral de cara al 21-D. Fuente: Europa Press


La Sala Segunda del Tribunal Constitucional ha declarado inconstitucionales y nulos los acuerdos con los que la Mesa del Parlament rechazó el pasado mes de septiembre la petición del grupo parlamentario del PSC de recabar del Consell de Garanties Estatutàries un informe sobre la Proposición de Ley de transitoriedad.


El tribunal considera que esa forma de actuar de la Mesa del Parlament durante dicha jornada de los denominados 'plenos de desconexión' que culminaron con la DUI del 27 de octubre, vulneró el derecho de los parlamentarios a ejercer su función representativa y el de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.


La sentencia, aprobada por unanimidad y de la que ha sido ponente el Magistrado Juan Antonio Xiol, considera que los acuerdos de la Mesa vulneraron el derecho de los parlamentarios a ejercer su función representativa (artículo 23.2 de la Constitución) y también, por su relación con el anterior, el derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos (artículo 23.1 de la Constitución).


Los acuerdos de la Mesa impugnados por el PSC formaron parte de la tramitación parlamentaria que terminó con la aprobación de la Ley del Parlament de Catalunya 20/2017, de 8 de septiembre, de transitoriedad jurídica y fundacional de la república. Esta norma fue declarada inconstitucional y nula tanto por vulnerar principios esenciales recogidos en la Constitución como por la existencia de "vicios de procedimiento" en su tramitación parlamentaria.


Tramitación de la ley al margen del procedimiento


En esa resolución, el Pleno del Tribunal señaló que la tramitación parlamentaria de la ley se llevó a cabo "al margen de cualquiera de los procedimientos legislativos previstos y regulados en el Reglamento del Parlamento de Cataluña, improvisando y articulando ad hoc un insólito cauce" que dejaba al arbitrio de la mayoría "las posibilidades de intervención y los derechos del resto de los grupos y diputados".


Los argumentos de aquella sentencia, señala ahora la Sala, guardan relación con el presente recurso de amparo. De hecho, para preservar el pluralismo político es necesario no solo respetar "la posición y derechos de las minorías", sino también los derechos de los representantes para que puedan ejercer su función en condiciones de igualdad y con arreglo a las normas reglamentarias. Sólo así queda satisfecho el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos.


Esos derechos fundamentales, añade la Sala, "podrían resultar vulnerados en el caso de que se hubiera incurrido en infracciones de los reglamentos de las cámaras, o de otras normas ordenadoras de los procedimientos parlamentarios, que hubieran afectado al núcleo de la función de los representantes políticos, núcleo del que forma parte, desde luego, el ejercicio de la función legislativa".


En este caso concreto, la eliminación del trámite parlamentario consistente en recabar el informe del CGE "se realizó fuera de toda previsión del Reglamento del Parlamento de Cataluña y del resto del ordenamiento aplicable". Al tratarse de un trámite que garantiza "la regularidad constitucional de las iniciativas legislativas" y de una facultad de diputados y grupos parlamentarios, su supresión implica, advierte la sentencia, una "merma de la integridad" del procedimiento legislativo y de los derechos de los diputados a ejercer esa facultad.


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