Jordi Sànchez, permiso cancelado

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Jordi Sànchez

Jordi Sànchez, expresidente de ANC y candidato a la Presidencia de la Generalitat. Fuente: Europa Press


El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, no ha querido esperar hasta el lunes, plazo fijado por él para que las acusaciones se posicionaran sobre la petición de excarcelación o permiso penitenciario para Jordi Sànchez. Tras el informe de la Fiscalía, y a falta del escrito de Vox, el magistrado del Procés ha rechazado darle permiso al candidato de JxCat a la Presidencia de la Generalitat para que pudiera acudir al pleno de su investidura en el Parlament de Catalunya.


Jordi Sànchez no saldrá de la cárcel para ir a la sesión plenaria del próximo lunes 12 de marzo. El instructor ha denegado tanto su puesta en libertad como la autorización extraordinaria que había solicitado su defensa en un escrito del pasado miércoles. El abogado del expresidente de ANC, Jordi Pina, anunció que si Llarena no se pronunciaba antes del viernes o su respuesta era negativa denunciaría los hechos al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).


EL juez del Procés mantiene así la prisión provisional, comunicada y sin fianza para Sànchez, basando su decisión en el riesgo de reiteración delictiva. En este sentido argumenta que los delitos por los que se le investiga se llevaron a cabo a partir de actuaciones legislativas y ejecutivas “claramente ilegales, y desatendiendo de manera flagrante los controles constitucionales, judiciales e institucionales dispuestos en nuestro ordenamiento jurídico, lo que hizo en aplicación de una táctica que no ha sido excluida y sigue respaldándose de presente”. 


En un auto de 26 páginas, relata primero los indicios de delito contra Jordi Sànchez que se han ido afianzando a lo largo de la instrucción y su participación en un concierto de voluntades para conseguir una República en Catalunya fuera de todo cauce legal.


Llarena explica que, aun cuando los encausados nunca hubieran buscado un desafío violento, a partir del 20 de septiembre de 2017 (fecha en la que se produjo el asedio a la conselleria de Economía durante los registros policiales) todos ellos “hubieron de representarse” que sus movilizaciones introducían la probabilidad de este desenlace. Y agrega que “si aceptando el pronóstico, persistieron en su intención de instrumentalizar ese comportamiento colectivo, su responsabilidad abarcaría la intención de utilización de la violencia en la consecución de sus fines secesionistas que se analiza en este proceso”.


Hay otros candidatos sin riesgo


El juez considera que no se han desvanecido los elementos objetivos que configuran el riesgo de que el acusado persevere en alcanzar su objetivo siguiendo una estrategia contraria a la ley. “La investigación muestra que los partícipes en el delito se concertaron a perseverar en su táctica” y subraya además la reciente integración del expresidente de ANC en una candidatura “que se ha opuesto, expresa y permanentemente, a abordar cualquier gestión política que no sea la de implementar la república que declararon”.


En el auto se refleja que tal reiteración afecta a “valores constitucionales” que tienen una proyección directa en “los derechos subjetivos de toda la población”, por lo que “su protección en la eventualidad del conflicto con otros derechos resulta preponderante respecto a la libertad del encausado y del derecho de sufragio pasivo que le corresponde”.


Y además recuerda que esta situación incumbe a un candidato que ya concurrió el 21-D privado de libertad, y que, asimismo, “no ofrecía para sus electores el liderazgo que ahora reclama”. Añade que la candidatura tiene otros integrantes en “los que no se aprecia los riesgos colectivos que tratan de conjurarse”.


Su traslado al Parlament no es seguro


En cuanto al permiso extraordinario, el magistrado lo deniega tras realizar una ponderación entre los derechos y bienes jurídicos que tratan de protegerse. Y concluye: “Aunque cualquier candidato tiene el reconocimiento de optar a una investidura democrática y representativa, la facultad no desactiva la obligación judicial de velar porque el ejercicio del derecho por aquel a quien se atribuye una grave actuación delictiva no ponga en riesgo facultades de mayor relevancia y más necesitadas de protección”.


Pablo Llarena, que rechaza la invocación del caso Yoldi por parte de la defensa por tratarse de delitos distintos, resalta que una conducción vigilada no aporta la contención precisa para un traslado seguro, “menos aún en quien –como reflejan los hechos descritos al principio de esta resolución- ha empleado su liderazgo en desbordar y sobrepasar la fuerza que un Estado democrático puede aplicar para la observancia de la ley”.


Por último el juez del Procés justifica no haber esperado a conocer la postura de Vox y de la Abogacía del Estado señalando que “una demora en la resolución puede hacer ineficaz el derecho cuya preservación se busca” y que las partes tuvieron la posibilidad de dar a conocer su posición “antes de que se alcanzara el momento en el que el solicitante puede ver desvanecido este derecho”.


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