​La Fiscalía rechaza que Jordi Sànchez pueda ir a su pleno de investidura

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Sánchez Melgar, fiscal general del Estado. Fuente: Europa Press


La Fiscalía del Tribunal Supremo se opone a que Jordi Sànchez pueda ir al pleno de investidura que se celebra, inicialmente, el próximo lunes 12 de marzo en el Parlament de Catalunya. El Ministerio Público rechaza conceder la libertad o un permiso penitenciario al candidato a la Presidencia de la Generalitat al considerar que el riesgo de reiteración delictiva es “mayúsculo”.


Pablo Llarena, juez del TS que instruye la causa contra el Procés, había pedido a la Fiscalía y a la acusación popular ejercida por Vox que expresara su posición sobre la petición de excarcelación o autorización realizada por la defensa del número dos de JxCat, Jordi Pina. El magistrado les dio de plazo 5 días, es decir, hasta el mismo día de la sesión de investidura, para responder. Falta ahora que se pronuncie Vox, partido que ha dicho que agotará los tiempos. 


La Fiscalía señala que el riesgo de reiteración delictiva que se aprecia es “consecuencia” del acuerdo de la legislatura que se hizo público en el día de ayer por JxCat y ERC. En su escrito de 32 páginas afirma que algunas de las iniciativas llevadas a cabo se “enmarcan claramente fuera de la legalidad constitucional y estatutaria”. 


Cita entre estas propuestas “el intento de designación política de un prófugo de la Justicia como presidente de la Generalitat, o la constitución de un Consell de la República en el exilio o en la sombra que dirija los destinos de Catalunya, o el reciente acuerdo alcanzado por las formaciones políticas JuntsxCat y ERC para la continuación del proceso constituyente”.


Además añade que las movilizaciones sociales contra “las legítimas decisiones adoptadas al amparo de la legalidad vigente”, en alusión a la aplicación del 155, “siguen siendo una constante”, mientras que el “compromiso con la legalidad constitucional no es claro y diáfano” por parte de sectores y fuerzas políticas de los que Sànchez forma parte.


El rechazo de la libertad provisional se fundamenta, según el informe del Ministerio Público, en la gravedad del delito de rebelión o sedición por el que se le investiga y del que “se han acopiado nuevas e importantes evidencias sobre la concurrencia de violencia y otros elementos del tipo penal” directamente imputables al expresidente de ANC, así como en la “apreciación de un extraordinario riesgo de reiteración delictiva”.


En lo que hace referencia a la concesión del permiso extraordinario, el escrito resuelve que éste se funda en la naturaleza excepcional de tal decisión, que se dirige especialmente a la “salvaguarda del derecho a la vida familiar en situaciones puntuales”, y no al ejercicio de cualquier otro derecho “que resulte incompatible con la situación de prisión y la naturaleza del delito que lo hubiere motivado”.


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