​Jordi Sànchez solicita al juez Llarena su puesta en libertad para ser investido President

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Jordi Su00e0nchez y Jordi Pina

Jordi Sànchez y su abogado, Jordi Pina, en la Audiencia Nacional. Fuente: Europa Press


El expresidente de la ANC y ahora candidato a la Presidencia de la Generalitat, Jordi Sànchez, busca salir de la cárcel para poder ser investido President. De nuevo el diputado de JxCat le solicita al juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que le deje en libertad o le dé permiso para acudir al pleno de investidura del próximo lunes 12 de marzo.


Lo ha hecho en dos escritos remitidos al magistrado que investiga la causa del Procés, con los que a través de su abogado Jordi Pina pide la puesta en libertad provisional o la autorización para acudir presencialmente a la sesión parlamentaria. El letrado argumenta que si no se le permite ir al pleno se estarían vulnerando sus derechos personales y los de los ciudadanos, ya que no se estaría respetando la voluntad de un Parlament elegido democráticamente.


De esta forma reclama al juez “la inmediata puesta en libertad provisional” y que resuelva el asunto en la mayor brevedad posible, teniendo en cuenta que la sesión plenaria se celebrará en menos de seis días. En caso de no lograr la excarcelación, Sànchez pide que se le otorguen “permisos extraordinarios para poder acudir al acto de investidura previsto para el día 12 de marzo”.


El abogado Pina cita en su escrito el antecedente de Juan Carlos Yoldi, quien siendo preso preventivo de ETA fue autorizado por un juez en 1987 para acudir de manera presencial a una sesión de investidura en el Parlamento vasco: “Esta defensa está convencida de que, más allá de lo que reclamen ahora ciertos partidos políticos o aventuren los medios de comunicación, el Sr. Instructor compartirá el mismo criterio aplicado en su día al ‘caso Yoldi’ y no desautorizará aquella decisión”.


En este sentido sentencia que: “Desautorizar el criterio aplicado en el único precedente español de 1987 supondría, con los debidos respetos, una triste involución en materia de respeto a los derechos civiles y políticos de los ciudadanos, además de un grave perjuicio para la democracia y el pluralismo político”.


Así se sirve del ‘caso Yoldi’ para defender que tal jurisprudencia evidencia que los derechos civiles no pueden limitarse “hasta el extremo de impedir que un diputado todavía inocente” pueda presentar su candidatura ante una cámara parlamentaria por muy graves que fueran los delitos imputados.


Pleno respeto a la Ley y ausencia de peligro para la seguridad pública


Por otra parte se refiere también a la experiencia previa del etarra para añadir que este caso de muestra “que, pese a las interesadas voces de alarma, la asistencia al pleno se desarrolló con absoluta normalidad”. Utiliza este argumento para descartar el presunto “peligro para la seguridad pública que puede entrañar la conducción del candidato a la sede parlamentaria” y rechaza que puedan producirse tumultos.


El letrado de Jordi Sànchez pone también énfasis en “la muestra evidente de la voluntad, no solo personal, sino de todo su grupo parlamentario, de respetar las decisiones del Tribunal Constitucional aunque no se comparta su contenido”. Y además recuerda que la candidatura de su patrocinado se presenta “una vez que se ha decidido retirar la previa candidatura de Carles Puigdemont tras el correspondiente pronunciamiento cautelar del TC”, lo que a su juicio evidencia el respeto a la Ley por parte de JxCat y de Sànchez.


Otro de los motivos que se expone en el escrito de defensa para la excarcelación o permiso penitenciario es la decisión de Roger Torrent de proponer al expresidente de la ANC como candidato. En este sentido alega que no permitir su asistencia “tendría graves e irreparables efectos en el normal funcionamiento institucional de la Generalitat” y que se estaría “lesionando gravemente el derecho de Catalunya a su autonomía”. 


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