La exconsejera andaluza de Economía y Hacienda Magdalena Álvarez, procesada junto a otros 21 exaltos cargos de la Junta por el procedimiento específico por el que se concedían las ayudas sociolaborales de los ERE fraudulentos por el Gobierno andaluz, ha asegurado este lunes en su declaración que "nunca" recibió reparos de la Intervención General sobre ayudas sociolaborales o fiscalización de éstas durante los diez años que estuvo en el cargo.
Álvarez, que durante su interrogatorio sólo ha respondido a preguntas del Ministerio Fiscal y su defensa, ejercida por el letrado Rafael Alcácer, ha afirmado que es un "error" considerar que su departamento "lo controlaba todo", apuntando que este control era tarea de la Intervención. "Los de Hacienda entendemos y respetamos las competencias de los demás", ha puntualizado.
Álvarez ha explicado que los reparos "se trataban entre la Consejería correspondiente y la Intervención Delegada. Cuando no había acuerdo entre ambas partes se elevaba para que resolviera la Intervención General. Si el posicionamiento de ésta no era aceptada por la Consejería, se elevaba a Consejo de Gobierno".
"Durante mi etapa al frente de la Consejería no llegaron reparos al Consejo de Gobierno ni a la Consejería de Hacienda. Nunca han llegado reparos de ningún tipo", ha reiterado la exconsejera, para quien la Fiscalía solicita diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación.
Este lunes se ha retomado la vista oral del caso ERE suspendida la pasada semana por la baja del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo por su estado de salud y Álvarez ha comenzado su interrogatorio no ratificando sus declaraciones ante la juez Mercedes Alaya en 2013 por "no recoger con fidelidad" sus manifestaciones.
La exconsejera ha señalado que "no conocía" ni la normativa de concesión de ayudas, ni la fiscalización ni su regulación. En este sentido, ha indicado que la normativa en materia de Empleo la gestionaba la Consejería. Durante la hora y cuarto aproximada que ha durado el interrogatorio de la Fiscalía, Álvarez ha sido cuestionada insistentemente por las modificaciones presupuestarias, hasta "40.000" durante los diez años al frente del departamento.
Ha precisado también que las modificaciones presupuestarias entre la Consejería de Empleo y el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) "no salían" del cuerpo de dicha Consejería, sino que ésta decidía gestionar sus recursos "de una manera u otra". Álvarez ha manifestado que "conocía lo que tenía que conocer", pues las transferencias presupuestarias estaban tasadas y cumplían "un proceso legalmente establecido".
De otro lado, ha explicado que los jefes de Servicio de Presupuestos y el director general de Presupuestos eran quienes elaboraban los extractos de los expedientes de modificación presupuestaria que ella elevaba al Consejo de Gobierno. Sobre las modificaciones, "sólo conocía lo que ponía en estos extractos", ha asegurado.
Álvarez, en una declaración principalmente técnica, ha explicado que el viceconsejero de Hacienda, José Salguiero (que ha declarado a continuación) mandaba la orden de elaboración de presupuestos a los centros directivos para que aportasen novedades y temas a incluir. Además, ha precisado que en el presupuesto, el estado de ingreso es elaborado por la propia Consejería en su mayoría y en él participaban las empresas públicas, pues recogía cualquier ingreso de la comunidad autónoma, mientras que en el estado de gastos la participación de su Consejería era mínima, más bien de las consejerías gestoras.
En este sentido, Álvarez ha afirmado que "nunca" ha conocido nada en relación a la ejecución del presupuesto, "no entra dentro de mis competencias". Además, ha señalado que un crédito "no determina el procedimiento" de ejecución, pues ésta es una fase distinta. "Ni el programa presupuestario, ni el crédito, ni la modificación, que se encuentran en fase de elaboración del presupuesto, no tienen nada que ver con el gasto o ejecución", ha reiterado, haciendo alusión a sentencias del Tribunal Constitucional al respecto.
Por otro lado, Álvarez ha manifestado que no tenía conocimiento de la situación deficitaria del IFA y que "nunca despachó con la Intervención General" sobre este asunto. Del mismo modo, nunca ha conocido el convenio marco de 2001 firmado entre este ente y la Consejería de Empleo para el pago de las ayudas sociolaborales, aunque se cite en algunas leyes de presupuestos de la Junta. Además, en este punto, ha negado también tener conocimiento de convenios particulares firmados entre el IFA y el director general de Trabajo (Francisco Javier Guerrero) para la concesión de ayudas.