El PP quiere que Hacienda investigue las cuentas de Ciudadanos

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Rafael Hernando
Rafael Hernando, portavoz del PP en el Congreso. Fuente: Europa Press


El PP quiere que el Tribunal de Cuentas ponga a disposición de la Agencia Tributaria toda la documentación relativa a la contabilidad de Ciudadanos de 2014 y 2015, y le inste a investigar si el partido de Albert Rivera ha cumplido con todas las obligaciones tributarias.


Así consta en las propuestas de resolución que los populares han registrado este lunes en el Congreso al "Informe de fiscalización de los estados contables de los partidos políticos y de las aportaciones percibidas por las fundaciones y demás entidades vinculadas o dependientes de ellos, ejercicios 2014 y 2015".


En dicho informe, el organismo fiscalizador se negó a dar su conformidad a la contabilidad de 2015 de nueve partidos, entre ellos Ciudadanos, Izquierda Unida (IU), Compromís, Convergencia (CDC, socio de la nueva Junts per Catalunya) y EH Bildu, al detectar demasiadas incidencias, deficiencias y discrepancias que limitan de examen.


En sus propuestas de resolución (que serán debatidas y votadas en una próxima sesión de la Comisión Mixta de Relaciones con el Tribunal de Cuentas), el PP insta al Tribunal de Cuentas a que ponga a disposición de la Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) toda la documentación referente a los gastos de los grupos institucionales de Ciudadanos por un importe de 860.444'93 euros en 2014 "en concepto de servicios de asesoría prestados por el partido al grupo, sin que disponga de justificación documental del desglose y la naturaleza de dichos servicios".


Pero también de los 1.166.480 euros en 2015 en concepto de "gastos por disposición de bienes que, en realidad, suponen traspasos de fondos de los referidos grupos institucionales al partido, sin que haya aportado documentación justificativa del desglose y la naturaleza de dichos servicios".


En este sentido, el partido del Gobierno busca que el Tribunal que preside Ramón Álvarez de Miranda emplace a la Agencia Tributaria a investigar si Ciudadanos ha cumplido con todas las obligaciones tributarias correspondientes a dichos servicios de asesoría en relación con el pago del IVA u otros impuestos o figuras retributivas.


El PP recuerda que el artículo 17.3 de la Ley de Financiación de Partidos Políticos considera como infracción grave la presentación de cuentas incompletas o deficientes que impidan al Tribunal de Cuentas llevar a cabo su cometido durante un ejercicio. Por ello, pide al Tribunal que explique cuáles son las razones por las que no considera graves que haya partidos que "no reflejen adecuadamente la situación financiera y patrimonial de la formación al cierre del ejercicio debido a la importancia cuantitativa de varias salvedades".


El propio presidente del Tribunal, Ramón Álvarez de Miranda, explicó el pasado martes en el Congreso, durante la presentación del informe, que el hecho de un partido no reciba el visto bueno a su contabilidad no es un delito porque así lo decidieron los propios partidos en la reforma legal de 2015, en un momento de mayoría absoluta del PP. "La no aprobación de la cuenta de un partido no lleva aparejado sanción, porque ustedes lo determinaron así al redactar la ley -ha dicho-. No hay ningún efecto. Si ustedes quieren ser más exigentes consigo mismos, está en su mano cambiarlo", manifestó entonces.


La ley es igual para todos


Desde que a finales del pasado año se conoció la inclusión de Ciudadanos en esa lista de partidos no aprobados por el Tribunal de Cuentas, el PP ha venido cargando contra la formación naranja, a la que afea que 'venda' un mensaje de regeneración democrática pese al "demoledor" informe del fiscalizador. Incluso, la semana pasada emplazó a su presidente, Albert Rivera, a presentar su dimisión por las deficiencias detectadas por el fiscalizador en su contabilidad.


En este sentido, la portavoz adjunta del PP en el Congreso Susana López Ares ha enmarcado estas propuestas de resolución en la "apuesta" de su partido por la transparencia y la lucha contra el fraude y la corrupción "afecte a quien afecte". "En España la Ley es igual para todos", ha afirmado la dirigente popular, antes de subrayar que, con el Gobierno de Mariano Rajoy, "los casos de corrupción se conocen y se investigan".


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