El Parlament pide al TC que desestime el recurso contra la investidura de Puigdemont

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Fachada del Parlament de Catalunya. Fuente: Europa Press


El Parlament ha solicitado este martes al Tribunal Constitucional que no admita a trámite el recurso del Gobierno central que pide impugnar la resolución por la que el presidente de la Cámara catalana, Roger Torrent, propuso la investidura de Carles Puigdemont.


Los servicios jurídicos del Parlament, que solicitan que no se impongan medidas cautelares mientras el tribunal de garantías no se pronunice sobre la admisión de la demanda del Estado español, señalan que la impugnación que pide el Gobierno y las medidas cautelares del TC tienen un carácter “preventivo y puramente hipotético”, lo que consideran provocaría que fueran improcedentes (argumento que va en la línea de lo que dijo el Consejo de Estado en su informe).


“No puede considerarse contrarios al orden constitucional los actos desarrollados hasta ahora por el Parlament de Cataluña en orden a proponer como candidato a la Presidencia de la Generalitat en base a la mera presunción de que el diputado y candidato Carles Puigdemont no va a concurrir personal ni físicamente a la cámara”, argumentan.

Impugnación preventiva y usurpación de funciones


Los letrados del Parlament presentan contra el recurso del Ejecutivo de Mariano Rajoy y la decisión del Constitucional tres argumentos: la impugnación preventiva, la vulneración del derecho al sufragio pasivo de Puigdemont y la usurpación de funciones por parte del TC.


En primer lugar exponen que la decisión de Torrent de designar a Puigdemont candidato y la de convocar el pleno son legales y no pueden impugnarse, porque sería una impugnación preventiva al dar como un hecho que el candidato “no iba a hacer acto de presencia en la cámara”.


En segundo lugar consideran que se vulnera el derecho al sufragio pasivo de Puigdemont a ser elegido y también el sufragio activo de la gente que le eligió con su voto, ya que “una vez el candidato recibe el apoyo del electorado se convierte en representante de la ciudadanía y no solo de sus votantes directos”.


En esta misma línea valoran que si el recurso del Gobierno sigue adelante se podría estar privando al líder de JxCat de su derecho como parlamentario a ser investido y recelan de restringir derechos a Puigdemont como medidas cautelares sin existir sentencia firme


En este sentido recuerdan lo que dice el Código Penal al respecto: “Solo devienen inelegibles los condenados por sentencia firme, a pena preventiva de libertad en el periodo que dure la pena y los condenados por sentencia, aunque no sea firme, por delitos de rebelión, de terrorismo contra la administración o el Estado”.


En tercer lugar esgrimen la inmunidad del político como diputado y añaden que “un juez no puede ordenar la detención de un parlamentario salvo delito flagrante”. En este punto concluyen que el TC no puede exigir a un candidato que se ponga a disposición judicial para poder someterse a un debate de investidura.



Por eso dicen que el TC al imponer con medidas cautelares cómo puede hacerse la sesión de investidura, impartiendo instrucciones al presidente del Parlament y al resto de la Mesa, "no solo ha incurrido en una clara extralimitación de funciones, sino que también ha usurpado unas funciones que no le son propias". 


Cabe recordar que el TC, reunido de urgencia el sábado 27 de enero, decidió dejar en puntos suspensivos la admisión a trámite del recurso, aunque interpuso medidas cautelares señalando que el pleno solo se suspendería en el caso de que se celebrase una investidura a distancia. Esta decisión llevó a Torrent a aplazar la sesión parlamentaria el 30 de enero.


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