Declaran en el juzgado los primeros heridos durante las cargas del 1-O en Girona

Indignación entre los denunciantes por el trato de la Fiscalía y de la juez
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Dispositivo policial para frenar la celebración del 1-O en Sant Julià de Ramis (Girona). Fuente: Europa Press


Una veintena de los 200 presuntamente lesionados durante las cargas policiales del 1-O en la provincia gerundense han comenzado este lunes a declarar como afectados ante el Juzgado de Instrucción nº2 de Girona. Fuentes del Col·lectiu d’Advocats Voluntaris pel Dret de Defensa, que ha impulsado la querella por la violencia policial, informan de que se prevé que todos los denunciantes comparezcan en el juzgado hasta finales de abril.


El Juzgado de Instrucción nº2 de Girona abría una investigación y admitía a trámite como acusación popular a los ayuntamientos de los municipios de Girona, Sant Julià de Ramis y Aiguaviva, que presentaron denuncia colectiva por las cargas policiales de la Policía Nacional y la Guardia Civil durante la jornada del 1 de octubre. En total este juzgado ha abierto un total de 10 diligencias previas (una por cada colegio de estas localidades) tras recibir unas 200 denuncias de afectados por la actuación policial.


El objetivo de los abogados voluntarios que representan a los heridos es demostrar que hubo una acción desproporcionada” y con la “voluntad de castigar a la ciudadanía comprometida con el derecho a voto”. En la querella contempla que en una operación premeditada y unitaria se ordenaron y llevaron a cabo “violentas” e “injustificadas cargas policiales contra ciudadanos congregados pacíficamente” en edificios públicos.


Según la defensa estos hechos pueden constituir un delito contra los derechos individuales del artículo 540 del Código Penal, un delito de torturas y de lesiones, muchas agravadas por el uso de instrumento peligroso. Por otra parte han presentado informes forenses con los que buscan acreditar que las heridas fueron resultado de la actuación policial.


En cuanto a la magistrada y al Ministerio Fiscal, las preguntas parecen haber ido en otra dirección. Uno de los letrados de los afectados, Jordi Colomer, ha apuntado que las cuestiones realizadas por éstas iban dirigidas a saber si los denunciantes conocían que participaban en un “referéndum ilegal” y “si obstruyeron la actuación de la Policía”. 


“Las preguntas de la fiscalía van encaminadas a justificar la actuación policial por si estas personas podían haber obstruido la labor policial. Nosotros entendemos que no hubo obstrucción, que lo que hubo fue brutalidad policial”, ha señalado el abogado.


Por su parte varios de los denunciantes que han comparecido hoy en el juzgado han mostrado su indignación ante la formulación de las preguntas por parte de la juez y de la fiscal ya que, según ellos, parecía que iban encaminadas a acusarles a ellos más que a escuchar su demanda. “Han intentado girar nuestra denuncia para convertirla en una acusación en nuestra contra”, ha afirmado una de las afectadas.


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