Anulado por el TC el acuerdo de la Mesa del Parlament para la tramitación de la Ley del Referéndum

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Pleno

Pleno en el Parlament. Fuente: Europa Press


El Tribunal Constitucional otorga un nuevo golpe al 1-O al declarar nulo el acuerdo de la Mesa del Parlament que permitió la tramitación y aprobación de la Ley del Referéndum. El tribunal de garantías concluye que el acuerdo del órgano rector de la Cámara, que no tuvo en cuenta el dictamen del Consell de Garanties Estatutàries (CGE), vulneró los derechos de los diputados.


La setencia del TC responde a un recurso de amparo presentado por el PSC por las votaciones del pleno del pasado 6 de septiembre en el Parlament sobre la Ley del Referéndum presentada por JxSí y la CUP. En ella el Alto Tribunal destaca que la actuación de la Mesa se llevó a cabo a pesar de las advertencias del Secretario General del Parlament y del Letrado Mayor. En este punto se refiere también a las protestas del bloque constitucionalista (Cs, PP y PSC), que se opusieron a la admisión a trámite y a la alteración del orden del día para incluirla en el pleno.


El Constitucional resuelve que la citada ley se aprobó al “margen de cualquiera de los procedimientos legislativos previstos y regulados en el reglamento del Parlament y a través de una vía inapropiada (lectura única)”. Asimismo señala que la mayoría se sirvió de ella para improvisar y articular un cauce que dejó “a su arbitrio las posibilidades de intervención y los derechos del restos de los grupos” y recuerda que el Parlament debe asegurar el ejercicio de los derechos fundamentales de los parlamentarios, así como la participación no discriminatoria de sus representantes.


De este modo sostiene el fallo que la preservación del pluralismo político en los procedimientos legislativos es inseparable del respeto a la oposición y derechos de las minorías y recalca que la solicitud de un dictamen al CGE es una garantía del propio Estatut de Catalunya en el procedimiento legislativo.


En este punto el escrito determina que la “posibilidad de pedir dicho dictamen no puede ser suprimida por la Cámara sin la merma de la integridad del propio procedimiento y a la vez de los derechos de los representantes a ejercer esta concreta facultad que la ley les confiere y que se incorpora a su estatus jurídico-constitucional”.


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