​El Gobierno considera la presidencia simbólica otra “pirueta” de Puigdemont

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Vigo

Rafael Catalá y Méndez de Vigo, ministro de Justicia y portavoz del Gobierno. Fuente: Europa Press


El portavoz del Gobierno español, Íñigo Méndez de Vigo, valora que plantear una presidencia simbólica y a distancia para el expresidente Carles Puigdemont es una “pirueta más” sin base jurídica e insta al presidente del Parlament, Roger Torrent, a abrir otra ronda de contactos y proponer a un candidato legal, proposición que le parece “mentira” que tenga que hacerla.


En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el popular ha destacado que esta fórmula “perturba” la credibilidad de las instituciones catalanas que necesitan de un gobierno con plena capacidad para gobernar. “Tenemos que dejar de hacer burla a las instituciones y acomodarnos a lo que hay”, ha pedido el también ministro de Educación, que ha recordado que no hay ningún territorio europeo que tenga una presidencia simbólica.


El vocero del Gobierno ha insistido en solicitarle a Torrent que abra una ronda de contactos con los grupos parlamentarios y que promueva un candidato a la presidencia “dentro de los cauces legales”, ya que un “huido” de la Justicia no puede ser presidente de una comunidad autónoma.


En cuanto a quién debe o puede ser el sustituto o sustituta de Puigdemont, Méndez de Vigo ha preferido no opinar alegando que es una decisión que corresponde a los partidos, pero ha matizado que siempre y cuando elijan a una persona que esté dentro del marco establecido por el Tribunal Costitucional. Sobre la posibilidad de que la alternativa a desbloquear la investidura -opción que se ha barajado- sea la directora de campaña y actual portavoz de JxCat en el Parlament, Elsa Artadi, se ha limitado a decir que no la conoce.


A preguntas de los periodistas en referencia al informe sobre los plazos de investidura, el popular ha afirmado que son los letrados del Parlament “los que deben establecer el procedimiento a seguir dentro de los cauces del Tribunal Constitucional” y no ha querido interpretar el documento hecho público hoy y en el que los servicios jurídicos de la Cámara catalana explican que los plazos no han empezado a contar.





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