​El ‘caso 3%’ pone rumbo a la Audiencia Nacional

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Germà Gordó, exdiputado y exconseller de Justicia. Fuente: Europa Press


El Juzgado de Instrucción nº1 de El Vendrell (Tarragona) que llevaba tres años iinvestigando el 'caso 3%', acuerda inhibirse a los juzgados centrales de la Audiencia Nacional de la investigación de las presuntas comisiones ilegales pagadas por constructoras a CDC a cambio de adjudicaciones de obra pública.


La inhibición responde a la petición de la Fiscalía Anticorrupción por entender que la competencia, dados los delitos investigados y el ámbito territorial, corresponde a este órgano judicial, según ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).


En la lista de investigados por el juez de El Vendrell se encuentra el exdiputado del Parlament y exconseller de Justicia en la etapa de Artur Mas, Germà Gordó, dos extesoreros de CDC, Daniel Osàcar (condenado por el caso Palau) y Andreu Viloca, así como varios empresarios. Todos ellos están acusados de presuntos delitos como tráfico de influencias, cohecho, prevaricación y malversación de fondos públicos.


Los argumentos del juez de El Vendrell


El juez Josep Bosch afirma en un auto que comparte los argumentos del Ministerio Público debido al grave perjuicio para le economía nacional de este caso por la “generalización de la manipulación de concursos públicos”, la complejidad de la causa y que hay algunos imputados que presuntamente realizaron operaciones económicas en el extranjero.


Según el magistrado la investigación ha destapado una “posible trama de financiación de CDC por medio de donaciones de empresas constructoras de ingeniería que resultarían adjudicatarias de obras y proyectos por entes bajo su control político”, como los ayuntamientos de Sant Cugat del Vallès y Sant Celoni en Barcelona, Torredembarra en Tarragona, o Figueres, Olot y Lloret de Mar en Girona.


En cuanto a los razonamientos presentados destaca el perjuicio a la economía nacional y las operaciones en el extranjero. En relación al primer argumento subraya que el presupuesto agregado de las licitaciones de obras y servicios públicos bajo investigación alcanzan los 218 millones y las donaciones a fundaciones de CDC se elevan a 10’3 millones de euros. Sobre el segundo dice que se han podido apreciar “operaciones que reúnen todos los requisitos para permanecer opacas fiscalmente, por la utilización de cuentas por no residentes en las jurisidicciones de Andorra, Suiza y Panamá”, y la contratación de fondos de inversión domiciliados en las Islas Vírgenes Británicas y otras inversiones en Perú.



Ahora le tocará a la Audiencia Nacional pronunciarse sobre la inhibición y decidir si asume la causa. En el caso de rechazarla se puede plantear una cuestión de competencia ante el Tribunal Supremo.


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