consulta independentista

El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ha declarado ante el Tribunal de Cuentas que el dinero gastado en portátiles usados en el 9N eran para escuelas catalanas 

La Fiscalía del Tribunal de Cuentas apunta directamente al expresidente de la Generalitat y a otros exmiembros de su Govern como responsables directos del gasto de 4'9 millones de dinero público destinado para financiar la consulta ilegal del 9 de noviembre de 2014

Societat Civil Catalana y Abogados Catalanes por la Constitución han presentado ante el Tribunal de Cuentas una demanda en la que piden que Artur Mas, Joana Ortega, Irene Rigau y Francesc Homs devuelvan los 4'9 millones que costó la consulta independentista

El equipo de observadores internacionales que 'vigiló' la celebración del referéndum concluye que el 1-O no pudo cumplir los estándares internacionales "por las circunstancias adversas en las que se celebró" debido a la intervención policial. Señala que la respuetsa del Gobierno ha tenido "el efecto contraproducente de reforzar el resultado"

SCC distribuye varias imágenes en las que aparecen hombres votando dos veces en colegios electorales diferentes de Barcelona

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, afirma que únicamente "hay un responsable clarísimo" de lo que está ocurriendo, que es el Govern de Catalunya. La popular exige a la Generalitat que no continúe con la "farsa" del referéndum  "cese en su irresponsabilidad"

Más de 2.000 tractores se movilizan por toda Barcelona como señal de apoyo al referéndum y como protesta ante la actuación del Estado contra Catalunya por el 1-O. Las carreteras comarcales y las vías de la Ciudad Condal se han visto colapsadas por la tractorada

Admite a trámite los cuatro recursos presentados por el Gobierno suspendiéndose cautelarmente la ley y la convocatoria del referéndum

Las cantidades que se reclaman podrían superar los cinco millones de euros

Las imputadas por la consulta independentista del 9N, Joana Ortega e Irene Rigau, presentan ante el Tribunal Supremo sus recursos de casación contra la sentencia. Sus defensas alegan el castigo responde a decisión “política e ideológica”